La Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el Movimiento de Gobierno, Acuerdo País (AP), no descarta otorgar indultos y amnistías si los órganos que administran justicia en el país – con autoridades condicionadas a perder el cargo – no actúan con agilidad en los casos del ex feriado bancario.
En el discurso inaugural de la Asamblea el Jefe de Estado, Rafael Correa, manifestó que la Constituyente deberá resolver sobre el caso de los ex gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD): Alejandra Cantos, Luis Villacís, Wilma Salgado y Patricio Arboleda.
Al respecto, el primer vicepresidente del organismo, Fernando Cordero, señaló que la Asamblea podría terminar tomando resoluciones respecto a la creación de la AGD y el feriado bancario “que les termine facultando, con los documentos, a los jueces de este país, si hay actos reñidos con la ley, con la ética… pero esperemos”, sin olvidar que, entre las facultades del Congreso, asumidas por la Constituyente, están otorgar indultos y amnistías.
En parte, la tranquilidad que existe este momento en el bloque oficialista, respecto a este tema, se da porque tras ser posesionado por el titular Alberto Acosta, como el nuevo Ministro Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, se comprometió a agilitar los procesos de investigación y de administración de justicia sobre los banqueros. La semana pasada, Pesántez se reunió con once jueces penales de Pichincha para conseguir este fin.
Y es que, en su intervención, Correa calificó a las personas mencionadas como “las víctimas” del proceso generado a partir de la crisis bancaria de 1998, calificativo con el que coincide Cordero.
Nada está dicho
“No hemos asumido ni la Función Ejecutiva, ni la Judicial, pero no quiere decir que no lo podamos hacer”, manifestó Cordero; aunque, César Rodríguez es enfático en señalar que: “La Asamblea no va a ejercer justicia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene que cumplir esos roles”.
Las organizaciones políticas afines al Gobierno en la Asamblea, como la RED y el MPD respaldan esta posibilidad y anuncian que sí estarían dispuestos a tratar estos temas en el Pleno.
Las únicas diferencias que apuntan es que, para León Roldós (RED), todo lo que se resuelva debe ser respaldado por el debido proceso. “Lo que no cabe son los dedazos, ni mandatos constitucionales que estén sobre todo”, expresó Roldós.
Mientras tanto, Lenín Hurtado (MPD) sostiene que la tarea de la Asamblea en esto debería empezar por la exhortación a los organismos pertinentes para que trabajen con celeridad; aunque, en el caso de Alejandra Cantos sería justo que se resuelva inmediatamente.
Sin embargo, la oposición censura esa posibilidad. Vicente Taiano (Prian), expresó que eso ya sería un crimen. “Hasta en las peores dictaduras creo que se ha respetado la autonomía en la administración de justicia”, señaló.
Fiscalización en genérico
La tarea fiscalizadora está señalada de forma general en el Reglamento de funcionamiento de la Asamblea. Entre sus atribuciones se encuentra el análisis y juzgamiento de actos de funcionarios o dignatarios. El tema es parte del octavo capítulo del documento, cuya votación se dará este lunes.
En la mira
Varios casos
Alejandra Cantos
Wilma Salgado
Luis Villacís
Patricio Arboleda.