El presidente Rafael Correa no era el gobernante apropiado para liderar una reforma judicial que elevara la moralidad, independencia y calidad de la Justicia, pues, en un juicio que incoó contra una institución bancaria, se valió de la dignidad que ostentaba para conseguir una sentencia que lo enriqueció indebidamente.

A fines del siglo pasado, el Banco La Previsora, lo demandó por no pagar una pequeña factura de su tarjeta de crédito. Diez años después de haber sido declarada su mora, y cuatro días antes de asumir la presidencia, presentó una demanda por daño moral contra Banco del Pichincha (adquirente de la cartera en la que constaba dicha obligación), aduciendo que había afectado su honra, al haberle colocado en la Central de Riesgos como deudor moroso. El juez de carrera que se aprestaba a dictar sentencia, Alfredo Grijalva, fue intempestivamente reemplazado por un juez temporal, Fabricio Segovia, que ordenó el pago de los cinco millones de dólares reclamados por Correa. Una vez emitido el fallo, fue repuesto el juez principal.

La cuantiosa indemnización fue reducida a $300.000 por el tribunal de segunda instancia y elevada a $600.000 en el juicio de casación en la Corte Nacional de Justicia. Fueron graves, manifiestas y escandalosas las irregularidades que acompañaron a este proceso judicial.

Correa esperó a ser elegido presidente para demandar al banco acreedor. Había aceptado la deuda impaga, pues la pagó al Banco Pichincha, años después de haber sido notificado con la mora. Para justificar esta voluntaria cancelación alegó que su secretaria había pagado sin su consentimiento, lo que no pudo probar en el proceso. A las audiencias de un juicio de interés personal acudió con el asesor jurídico de la Presidencia, edecanes y policías, con evidente propósito intimidatorio.

Los magistrados de tercera instancia, que en la Corte Nacional de Justicia duplicaron la indemnización, cambiaron la sentencia apelada, a pesar de que en un juicio de casación el juez no puede modificarla y solo debe pronunciarse sobre su legalidad. Uno de sus autores, Carlos Ramírez, fue seleccionado para integrar la nueva Corte Nacional de Justicia y luego nombrado su presidente. La indemnización de $600.000 que se le otorgó a Correa fue muchísimo más alta que la habitualmente concedida a los perjudicados en casos análogos.  El abogado que le patrocinó en el proceso judicial, Galo Chiriboga, fue designado fiscal general.

El ya presidente no pagó impuesto a la renta por los $600.000 recibidos (estimado en $200.000), fue eximido de hacerlo por el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, quien ‘acreditó’ las consultas diciendo que fueron verbales. El Código Tributario dispone que las consultas y las contestaciones debían ser escritas, y el art. 2 dice que deben pagar impuesto a la renta “los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso”. Para favorecer al presidente, de cuya autoridad dependía, Carrasco violó la Ley de Régimen Tributario.

Preguntado por los periodistas sobre el destino que daría a la abultada suma, impúdicamente recibida, Correa dijo: “veremos si la damos a los pobres o compramos la sede de Alianza PAIS”. No hizo lo uno ni lo otro. La usó para comprarse un apartamento en Bruselas por un valor de $331.000 y el saldo, inicialmente depositado en un banco nacional, lo transfirió a un banco extranjero, Berenberg Bank de Alemania según diario El Universo. Antes había dicho que quienes enviaban capitales nacionales al exterior eran la “antipatria”, porque al hacerlo estaban “contribuyendo al desarrollo de los (países) explotadores”.