La papeleta para parlamentarios andinos no tiene avances, pues existe recursos pendientes en el TCE.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó hoy, 8 de enero, que el proceso de impresión de las papeletas para las elecciones del 7 de febrero continúa dentro de los plazos previstos.
El Instituto Geográfico Militar (IGM), entidad pública encargada de ese trabajo, concluyó con la elaboración de las papeletas correspondientes a los asambleístas en el exterior, las de los asambleístas nacionales tiene un avance del 21%, de los provinciales un 62% y la de los presidenciables alcanzó un 14%.
Atamaint dijo que preocupa la situación del material correspondiente a los parlamentarios andinos. No se autoriza su elaboración, pues, según Atamaint, todavía no se resuelve recursos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
“De no resolverse dentro de los plazos que tenemos para la integración de los paquetes electorales y sobre todo el envío en el exterior podría haber alguna novedad respecto a la papeleta”, advirtió.
Sobre la destitución
Atamaint descartó la suspensión del proceso electoral, frente al lío jurídico que ella, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita y los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera, enfrentan con el TCE.
Dijo que, en el supuesto caso de que el Pleno de ese organismo los destituya, las elecciones se suspenderían y no se podrían posesionar Presidente y Vicepresidente y tampoco los asambleístas, en las fechas que manda la Constitución, 24 y 14 de mayo, respectivamente. (FLC)
Entrega de protocolo
La mañana de hoy la presidenta del CNE, Diana Atamaint, entregó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, el protocolo de bioseguridad que se manejará para los actos proselitistas de las organizaciones políticas.
La funcionaria indicó que el documento fue aprobado por el CNE, por el COE Nacional y además tiene el aval del Ministerio de Salud.
Advirtió que al tener el respaldo del Pleno del ente electoral, es de obligatorio cumplimiento para los candidatos. De incumplir las normas, dijo, podrá imponerse sanciones pecuniarias y de pérdida de derechos políticos, establecidas en el Código de la Democracia.
El protocolo establece que los candidatos solamente podrán promocionarse por caravanas y caminatas y únicamente establecer contacto visual con el votante. Está prohibida la realización de eventos que congreguen a personas en espacios públicos o privados.