¿De quién es el IESS?

¡De los afiliados! Proclaman los jubilados asqueados al ver como la ineptitud, el clientelismo y corrupción destruyen a esta icónica institución. Del mismo modo afirman los policías y militares, pensionistas de las instituciones de régimen especial, al observar como la politiquería, el autoritarismo y los excesos, ponen en riesgo la tranquilidad de sus hogares en los vulnerables años de su vejez.

Todos ellos tienen razón, pero solo parcialmente, porque a los beneficios de la afiliación, lastimosamente, no accede la mayoría de los ecuatorianos. En efecto, el total de la población supera los 17,5 millones de personas de las cuales 7,8 millones constituyen la población económicamente activa. En lo que concierne al empleo adecuado, el Ecuador cuenta con 2,5 millones de personas en esta categoría (en 2019 eran 3,2 millones). Sólo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal, mientras que el 48,6% de los empleados pertenecen al sector informal. En el último año, más de 67 mil personas se han sumado al empleo inadecuado, y aproximadamente 522 mil se encuentran desempleadas.

En concordancia con estas lamentables cifras, el IESS apenas cuenta con 2,44 millones de aportantes (un 8,2% menos entre enero y mayo de 2020) y con 359.113 jubilados, mientras que 58 de cada 100 trabajadores no disponen de un seguro ni público ni privado. Adicionalmente, el Estado debe realizar grandes erogaciones para sostener la seguridad social, puesto que, además de los aportes de los trabajadores del sector público, incluidos militares y policías, debe cubrir el 40% del presupuesto anual del Fondo de Pensiones del IESS y, en el caso de los regímenes especiales, un porcentaje superior al 73%.

En conclusión, gran parte del presupuesto estatal debe dedicarse a la protección de una parte de la población, mientras que la gran mayoría de esta apenas cuenta con una escuálida asistencia social, subsidios miserables y jamás podrá recibir una pensión digna. Por esto, los robos, abusos y torpe administración de los fondos previsionales, afectan no sólo a los afiliados y pensionistas sino al conjunto de la Nación.