La reducción en las asignaciones, con respecto a lo presupuestado inicialmente, llegará al 23%. Los municipios medianos y las prefecturas tienen retrasos de pago de entre 3,3 y 3,5 meses.

Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, explicó hoy que aunque el presupuesto inicial para los Gobiernos locales era de $3.068 millones, lo que realmente recibirán, hasta diciembre 2020, no superará los $2.364 millones.

En otras palabras, la reducción o el ajuste total sería de alrededor de 704 millones, debido a que el Estado ha visto reducir sus ingresos totales de $22.515 millones a 14.711 como consecuencia de tres factores: reducción de los precios del petróleo, afectación de la venta de derivados y reducción de las ventas y actividad económica. “No podemos entregar recursos que no tenemos y no recibimos”, dijo Carrillo:

Se necesitan reformas al sistema actual

El Viceministro dijo que el Gobierno Central solo pude aplicar lo que está establecido en la Ley y reconoció que se necesita, de cara al futuro, una evaluación del actual modelo.

“Lo vivido este año abre un espacio muy interesante de reflexión y de diálogo para poder consensuar en los diferentes sectores de la sociedad una potencial reforma a la manera cómo se distribuyen a futuro las asignaciones del Modelo de Equidad Territorial”, añadió.

Ese sistema vigente establece que los Gobiernos locales reciben un monto fijo, que según el artículo 193 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), no puede ser menor a lo asignado en 2010, es decir, $2.136 millones.

Por otro lado, también se recibe un monto variable, el cual se alimenta del 21% de los ingresos permanentes (impuestos), y 10% de los no permanentes (petróleo). En este componente, debido a la actual crisis, la reducción, con corte a agosto 2020, ascendía al 75%.

Es decir, se presupuestó $932 millones; pero lo realmente pagado es $241 millones.

Carrillo recalcó que la afectación no es la misma para todos. Para Quito, por ejemplo, el monto se redujo de $78 millones a $7 millones en el segundo cuatrimestre de 2020. En Guayaquil se pasó de $61 millones a $25 millones. Por otra parte, en los municipios medianos, que tienen de 50 mil a 500 mil habitantes la reducción fue de un presupuesto inicial de $239 millones a $60 millones.

Así mismo, el monto variable para las prefecturas se ajustó de $269 millones a $80 millones; mientas que las Juntas parroquiales se quedaron con $41 millones menos.

Yilda Rivera, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conagopare), denunció que “a los ecuatorianos rurales nos han dejado en un estado de coma con un recorte presupuestario sin sustento legal e inhumano”.

La representante recalcó que están social, económica y políticamente abandonados y exigió que se cumplan con todo lo que se les debe.

Municipios medianos y prefecturas con los mayores atrasos
Con corte a noviembre el ministerio de Economía ha transferido $2.014 millones por varios conceptos: $1.719 millones por Modelo de Equidad Territorial; $191 millones por devolución de IVA y $104 millones por competencias asumidas.

Hasta diciembre se podrán pagar $350 millones, lo que cubriría un poco más de los $344,09 millones de valores pendientes hasta octubre; pero no lo que se acumule durante los últimos dos meses del año.

Con los municipios medianos hay atrasos de 3,5 meses, lo que corresponde a $99,24 millones. Por su parte, las prefecturas tienen pagos pendientes de 3,3 meses, por un valor total de $123,84 millones. Las menores demoras (alrededor de 1 mes), son con las

Juntas parroquiales, cuya deuda es de $8,66 millones.  
Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), aseguró que la situación es muy crítica. “Más de 100 municipios están en grave riesgo de no poder sostenerse con los recortes que lamentablemente se han dado por el Gobierno”, dijo.

Por eso, anunció que posiblemente el próximo martes se daría una reunión con el Ministro de Economía y el Presidente de la República.

Uno de los objetivos es que se los incluya dentro de los beneficiarios de parte del segundo desembolso que se espera del FMI.

Según el representante de los municipios, ya hay administraciones donde los recortes han llegado al 70%. “La obra pública está paralizada y tampoco se puede imputar más impuestos a los ciudadanos”, concluyó. (JS)