El sector, que es el principal imán de inversión extranjera, tiene desafíos pendientes, como la consulta popular en Azuay.
Aunque todavía no hay una convocatoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corte Constitucional (CC) dio vía libre, el 18 de septiembre, a una consulta popular en Cuenca para prohibir la extractiva metálica a mediana y gran escala en las zonas de descarga hídrica de cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.
El proceso se podría realizar en el primer trimestre de 2021 y, según Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería, todas las posibilidades están del lado de que gane el sí. Sin embargo, alertó que el “efecto legal va a ser menor que el social”.
La política de por medio
En otras palabras, los proyectos que actualmente existen, como Loma Larga, Ruta de Cobre y Río Blanco, entre otros, no deberían tener afectación, porque la prohibición es a futuro; pero la percepción ciudadana será distinta, es decir, que todo debe dejar de operar. “Eso es lo que cree la gente y el problema social va a ser grave. Todo se volvió un tema político”, dijo.
En ese escenario, el Gobierno central deberá jugar un papel de mediador para que se permitan los permisos de construcción y uso de suelo de las inversiones ya existentes. La verdadera afectación será con los proyectos a futuro, con lo que el país perderá oportunidades de recibir capitales que, por ejemplo, están pensando seriamente en dejar Chile.
Se acaba el plazo
Según el exviceministro de minas Fernando Benalcázar, antes de dejar su puesto hace pocos meses, entregó al Ejecutivo un proyecto de Ley para regular la Consulta Previa, Libre e Informada. La emisión de esa ley es un pedido expreso de la Corte Constitucional que, en una sentencia del 13 de diciembre de 2019, estableció un plazo de un año para su cumplimiento.
Pero hasta el momento, la normativa no ha sido remitida a la Asamblea, donde un proyecto similar está pendiente de trámite desde 2014.
Icaza comentó que las discusiones y los intentos de generar la ley vienen desde el Gobierno anterior; e incluso desde la Cámara han dado comentarios a 15 iniciativas al respecto.
“Sería bueno para todos que se aprobara, porque las compañías hacen acuerdos directos con las comunidades para viabilizar sus proyectos; pero la consulta previa no se ha podido ejecutar porque no hay normativa”, acotó.
Incluso, muchos de los pedidos de consulta popular argumentan que no se ha hecho esa consulta, por lo que tener la ley, donde se establezca claramente a quién hay que consultar, en qué etapas del proyecto y cómo, pararía la avalancha de demandas de procesos plebiscitarios. (JS)
¿Qué pasa con los bosques protectores?
Otro desafío para la industria minera formal es lo que pase con los fallos pendientes en la Corte Constitucional sobre el proyecto minero Río Magdalena, ubicado en el bosque protector Los Cedros, del cantón Cotacachi.
Luego de una acción de protección emitida por la Corte Provincial de Imbabura, la CC debe decidir si se revoca el registro ambiental a la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) y, sobre todo, si se sienta un precedente para impedir las actividades mineras en bosques protectores.
Ycaza explicó que esas actividades son permitidas bajo estrictos cuidados y requisitos, pero si hay una decisión en contra de lo que dice la misma normativa vigente, se dará un claro golpe a la confianza y se pondría en riesgo a una gran cantidad de proyectos que están en bosques protectores. (Ver recuadro)
Producción minera
- Ecuador tiene dos minas a gran escala en producción en Zamora Chinchipe: Mirador y Fruta del Norte.
- Además, existen otros 24 proyectos que están en desarrollo.
- Según el catastro minero, alrededor de 540 concesiones están ubicadas en bosques protectores.
- Eso incluye, por ejemplo, a la mina a gran escala Mirador, en Zamora Chinchipe, y Llurimagua, en Imbabura.