Existe poca transparencia sobre la calidad de la utilización de $18.000 millones, aproximadamente, que van, entre otros, a petroleras.
Cada año, alrededor de $18.000 millones, o lo correspondiente al 50% del gasto de todo el sector público, se destina a transferencias para los gobiernos locales, aportes a las seguridades sociales (IESS, Isspol e Issfa), transferencias a universidades y presupuestos de las empresas petroleras estatales (Petroecuador y Petroamazonas).
De ese monto total, $8.500 millones se va en pagos sueldos, según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal.
Panorama complicado
En este contexto, la sostenibilidad fiscal se vuelve una tarea cuesta arriba porque solo el dinero necesario para financiar esos cuatro destinos supera a la recaudación tributaria anual del Gobierno Central que llega, en condiciones normales, a $14.500 millones.
Carrera reconoció que cualquier ajuste en esas áreas tiene severas restricciones, aunque eso no significa que no se pueda realizar optimizaciones sobre la base de transparentar la calidad del gasto y evitar el despilfarro.
Sobre el otro 50% del presupuesto también hay grandes limitaciones y se necesitarían esfuerzos conjuntos de reducción en la masa salarial, compras públicas e inversiones.
“Aún así, si se logra reducciones anuales del 2% del PIB, el gasto total no sería menor a $28.000 millones. Por eso, para lograr metas de superávit fiscal hasta 2020, no hay otra opción que no sea la de obtener ingresos tributarios adicionales no menores a $2.000 millones”, acotó el experto
Autonomía impide control efectivo
El gasto de los gobiernos locales y las universidades representan, en conjunto, $4.300 millones. Sin embargo, más de 40% de ese monto se va solo en nómina. En ambos casos, a pesar de que reciben preasignaciones atadas a la recaudación de impuestos y los ingresos petroleros, el ministerio de Economía no puede realizar controles sobre la calidad del destino de los recursos, debido a que tienen estatus de sectores autónomos.
A criterio de Carrera, se debe trabajar en reducir los gastos corrientes, aumentar los ingresos por autogestión y la transparencia de sus cuentas, como requisito previo para obtener las transferencias por parte del Estado.
En el caso de las seguridades sociales, que representa alrededor de $7.000 millones, su condición de autónomas también limita el control del Ministerio. El aporte estatal seguirá creciendo desmesuradamente y será cada vez más imprescindible para la sostenibilidad de instituciones como el IESS, si no se concreta una reforma integral, que tendrá que revisar tiempo y porcentaje de aportes, entre otros aspectos.
El agujero negro de las petroleras
Las peores ineficiencias están en todo el dinero que se debe invertir, cada año, para la operación de Petroecuador y Petroamazonas. Ese monto supera los $6.000 millones, pero los resultados a la vista son que el nivel de producción barriles de crudo es el mismo desde hace más de 30 años; y la calidad de los combustibles es baja.
El mayor problema es que las empresas petroleras no funcionan como tales y no disponen de balances y resultados operacionales, además, sus inversiones están mal registradas en las cuentas del sector público.
Transparentar toda esa información es uno de los retos de la fusión que esas empresas deben completar hasta diciembre 2020. Una de las principales distorsiones es que, desde 2008, los ingresos por exportaciones y venta de derivados se registran en una cuenta aparte del presupuesto y no se vinculan con las operaciones de las petroleras. (JS)
Pagos a nóminas
- De cada dólar de gasto en gobiernos locales, universidades, petroleras y seguridades sociales, 49 centavos se van en sueldos.
- Solo en la nómina de la educación superior se deben desembolsar $900 millones, es decir, el 11%.
- El gasto de los gobiernos locales y las universidades representan, en conjunto, $4.300 millones. Sin embargo, más de 40% de ese monto se va solo en nómina.