Nicaragua estrena nueva ‘Ley Mordaza’

Crítica. Sergio Marín, directivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), considera que la ley "es una nueva pretensión de la dictadura por acallar voces". EFE
Crítica. Sergio Marín, directivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), considera que la ley "es una nueva pretensión de la dictadura por acallar voces". EFE

La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada el martes por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional, desató polémica en Nicaragua, donde atenta a la prensa independiente, “criminaliza” al periodismo de investigación, y permite espiar comunicaciones privadas.

La ley de 48 artículos implementa más sanciones al acceso a la información pública, donde la computadora y teléfono móvil se convierten en el cuerpo del delito por el que lleguen a acusar a un ciudadano.

Control a medios y periodistas

Esta ‘Ley Mordaza’ fue preparada para controlar únicamente a medios tradicionales y alternativos, así como a usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, sostiene la prensa no oficial, y plantea castigar con cárcel la propagación de “noticias falsas y/o tergiversadas” que produzcan “alarma, temor, zozobra” en la población, o a un sector de ella o a una familia.

Esa ley dejará a «periodistas presos, exiliados o silenciados» y «no porque divulguemos información falsa”, sino por tratarse de un país “sin poderes autónomos haciendo de juez y parte”, dijo la directora del medio Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz.

Una ley arbitraria

Principales críticas

• No define “información falsa o tergiversada”: Contiene 25 definiciones, pero curiosamente no define estos términos cruciales. El sistema judicial tendrá la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra.

• «Criminaliza” las fuentes: prohíbe que se ofrezca información a medios y periodistas sin el consentimiento del «titular de la información o datos”, sean en imágenes, video, texto, audio u otros. Quien lo haga enfrentará penas de tres a seis años de prisión.

• Trasgrede tres artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información, dijeron a EFE expertos constitucionales.

La ley deja de forma antojadiza y arbitraria su interpretación y aplicación por parte de funcionarios públicos».

Wendy Quintero

Periodista del Colectivo de Derechos Humanos