La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada el martes por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional, desató polémica en Nicaragua, donde atenta a la prensa independiente, “criminaliza” al periodismo de investigación, y permite espiar comunicaciones privadas.
La ley de 48 artículos implementa más sanciones al acceso a la información pública, donde la computadora y teléfono móvil se convierten en el cuerpo del delito por el que lleguen a acusar a un ciudadano.
Control a medios y periodistas
Esta ‘Ley Mordaza’ fue preparada para controlar únicamente a medios tradicionales y alternativos, así como a usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, sostiene la prensa no oficial, y plantea castigar con cárcel la propagación de “noticias falsas y/o tergiversadas” que produzcan “alarma, temor, zozobra” en la población, o a un sector de ella o a una familia.
Esa ley dejará a «periodistas presos, exiliados o silenciados» y «no porque divulguemos información falsa”, sino por tratarse de un país “sin poderes autónomos haciendo de juez y parte”, dijo la directora del medio Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz.
Una ley arbitraria
Principales críticas
• No define “información falsa o tergiversada”: Contiene 25 definiciones, pero curiosamente no define estos términos cruciales. El sistema judicial tendrá la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra.
• «Criminaliza” las fuentes: prohíbe que se ofrezca información a medios y periodistas sin el consentimiento del «titular de la información o datos”, sean en imágenes, video, texto, audio u otros. Quien lo haga enfrentará penas de tres a seis años de prisión.
• Trasgrede tres artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información, dijeron a EFE expertos constitucionales.
“La ley deja de forma antojadiza y arbitraria su interpretación y aplicación por parte de funcionarios públicos».
Wendy Quintero
Periodista del Colectivo de Derechos Humanos