Ganó el Opus Dei que es la derecha radical de la Iglesia Católica, triunfó la derecha económica que entró por la tranquera al actual gobierno, ganaron los grupos retrógrados y perdieron los derechos de la mujer ecuatoriana, especialmente de la mujer pobre que, una vez más, ve postergadas sus legítimas aspiraciones. El veto total al Código Orgánico de la Salud fue un duro golpe al país.
Otro golpe: Más riqueza millonaria para los ricos y mayor pobreza-miseria para el pueblo, es lo que se siembra con el decreto que permite la libre importación y comercialización de combustibles, la concesión de la Refinería de Esmeraldas por 25 años, la proyectada venta del Banco del Pacífico, y la concesión al sector privado de otras empresas rentables que constituyen el patrimonio del pueblo, a más de la venta de TAME. Esto ocurre cuando las derechas neoliberales se apropian del poder económico del Estado al que lo convierten en ente sumiso del FMI y sus condicionalidades.
Las concesiones se iniciaron en el gobierno de Correa que entregó al sector privado los puertos Bolívar, Posorja y algunas carreteras. Ahora se quiere concesionar otras empresas rentables del Estado y, entre ellas, hidroeléctricas como Sopladora, según se decía en los tiempos del ministro sin cartera, Cuesta. Cierto que la situación económica es sumamente crítica y agravada durante la pandemia, pero no se debe vender el patrimonio nacional, ni cobrar al pueblo los derroches y corrupciones.
Entre tanto problema económico el SRI no cobra más de 1.550 millones de dólares a un poderoso grupo de unos 500 contribuyentes entre personas naturales o empresas privilegiadas que se burlan de la justicia. El gobierno, en esta pobreza, decretó la remisión que unos 4.500 millones de dólares que adeudaban al SRI e IESS.