Para entender la magia de Jorge Chérrez en el ISSPOL hay que saber detalles. Se robaron la mitad de los ahorros de los policías jubilados. Una estafa de $ 532 millones en inversiones fraudulentas en bienes y dinero (sin manuales ni políticas que aseguren recursos) traspasados a instituciones y personas, por papeles sin valor.
El origen: una normativa del gobierno de Rafael Correa garantizando que el Estado cubra faltantes en los fondos. Consta en dos leyes: la de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las FFAA y la Policía (21 de octubre 2016 -asamblea presidida por Gabriela Rivadeneira-) y el reglamento publicado en el Registro Oficial (18 de mayo del 2017) suscrito por Correa.
Así, el Estado garantizaba las pensiones. El reglamento detallaba el mecanismo, publicado seis días antes que Correa deje el poder. Si había fraude, estafa o mala inversión con los ahorros de los policías, el ministerio de Finanzas iba al rescate (Art. 69). Como había dinero, nadie decía nada.
Todo comenzó en 2005. Los encargados de fondos de ISSPOL invirtieron sin respaldo ni garantías y prestaron a instituciones como la Universidad Tecnológica Equinoccial ($ 8 millones). La universidad incumplió y entregó un fideicomiso en bienes inmuebles y un pagaré sin valor suficiente.
La mayor parte de la estafa eran bonos swaps por $ 327,3 millones entregados al fondo High Yield Fund, que pagó con papeles sin valor. El ejecutivo de ISSPOL, Jorge Chérrez “el Mago” (fugado desde marzo) declaró que no podía pagar. Los papeles que entregaba Chérrez por dinero se depositaban en Decevale (de las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito) que, junto con los administradores de fondos de ISSPOL, High Yield Fund y los custodios del Banco Central fueron parte de la estafa.
Más involucrados: 14 funcionarios y exfuncionarios (ex superintendentes de compañías, bancos, intendentes de seguridad social y mercados de valores entre 2007 y 2020). Esos fondos tienen dinero y deben hacer inversiones. Las casas de valores inescrupulosas, por comisiones, los persuaden -y coiman- para comprar bonos o documentos financieros sin respaldo y facturas de empresas en líos. Hay un vacío legal para sancionar.
La estafa enriquece al administrador de fondos que invierte en papeles sin respaldo, a las casas de valores inescrupulosas, al funcionario que se hace el distraído por un diezmo y empresarios que venden papeles de empresas quebradas, ya que no hay consecuencias porque el Estado cubre faltantes. Es un acto de magia perfecto.