El multilateral busca un manejo más transparente de las cuentas fiscales y la contratación pública. Un mayor ajuste del gasto quedaría para cuando la economía comience a recuperarse.
El programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluye una serie de tareas por cumplir a cambio de desembolsos totales por $6.500 millones entre 2020 y 2022. Los primeros $2.000 millones llegan hoy luego de la aprobación del programa por parte del directorio del multilateral. Sin embargo, la carta de intención, en donde se detalla las metas para este y el próximo Gobierno, se publicaría entre el domingo y lunes próximo.
De lo poco que se ha podido saber, a través de las declaraciones hechas por Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, uno de los principales compromisos hasta diciembre de 2020, como contraparte del segundo desembolso por $2.000 millones, es la aprobación de una ley anticorrupción; aunque no se sabe los detalles y el alcance real que tendría esa normativa.
“El cumplimiento de la ley, mediante la adopción trascendental de una legislación anticorrupción antes de fin de año, protegería las arcas públicas, catalizaría la inversión privada, promovería la creación de empleo e impulsaría el potencial de crecimiento”, dijo Georgieva.
La falta de claridad en el manejo de las cuentas fiscales fue uno de los obstáculos para concretar los desembolsos previstos para finales de 2019, dentro del anterior acuerdo con el multilateral. Durante la emergencia sanitaria se ha visto una sucesión interminable de escándalos de corrupción que se llevan parte de los escasos recursos que tiene el país.
En este contexto, el FMI considera que el fortalecimiento de la transparencia fiscal y el fomento de la gobernanza son pilares clave del programa de reformas que necesita el país. Eso incluye la adopción de prácticas sólidas de gestión de la caja fiscal, la mejora de la transparencia en la contratación pública y en la gestión de la deuda.
Otras reformas
Para inicios del 2021 se espera la implementación de las reformas previstas para promover la autonomía del Banco Central y fortalecer, de manera más amplia, su marco institucional. A la par, el FMI pide que se haga un monitoreo riguroso de la evolución del riesgo crediticio y la situación de las instituciones financieras, a través de la conformación de un Comité de Coordinación Financiera con todos los organismos de control y supervisión.
Por otro lado, el multilateral busca que se consolide la implementación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), el cual permitirá que la deuda pública se mantenga en el tope del 57% del Producto Interno Bruto (PIB), para finales de 2025.
En el tema del ajuste del gasto público, el compromiso es no tomar medidas adicionales mientras la economía no empiece a dar signos de recuperación. Así, para el próximo Gobierno quedará la tarea de implementar medidas de gasto que apunten a alinear a Ecuador con sus pares regionales; y aprobar una reforma tributaria progresiva a mediano plazo.
Finalmente, una de las metas que se ha comenzado a desarrollar de manera inmediata es la ampliación de la red de protección social. Las autoridades ya han creado un bono nutricional y otro tipo de ayudas.
Según el ministro de Economía, Richard Martínez, a los 1,13 millones de hogares que ya reciben transferencias directas de efectivo, se sumará 250.000 más hasta diciembre; y otros 200.000 hasta el primer trimestre de 2021. (JS)