El fatídico 30 de septiembre de 2010, a las 07:30, alrededor de 500 policías se convocaron en el Regimiento Quito para protestar en contra del veto parcial a la Ley de Servicio Público; a las 09:00, se produjeron actos violentos en el edificio de la Asamblea; a las 09:20, militares se adhirieron a la protesta. Para entonces, el levantamiento había contaminado a gran parte del país. Los ciudadanos miraban asombrados escenas de violencia callejera ocasionadas por los mismos servidores públicos llamados a mantener el orden.
Contra la más elemental prudencia y sin considerar las responsabilidades inherentes a su cargo, el presidente Rafael Correa hizo presencia en el cuartel policial en tono desafiante recibiendo, en respuesta, repudiables vejaciones.
Para ser atendido en su rodilla recientemente operada, acudió al Hospital de la Policía, desde donde declaró el estado de excepción. Allí se mantuvo, hasta que en un operativo conjunto, unidades de la Policía Nacional y el Ejército lo trasladaron, pasadas las 20:30, hacia Carondelet. Durante ese procedimiento perdieron la vida el policía Froilán Jiménez y los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortez. Los comunicadores del gobierno inmediatamente forjaron un secuestro e intento de golpe de Estado que el Presidente habría frustrado, supuestamente salvando la democracia.
Con el fin de convalidar su versión, Correa creó una Comisión de Investigación, conformada por tres de sus seguidores incondicionales quienes, como era de esperarse, concluyeron que hubo un intento de golpe de Estado, secuestro del Presidente e intento de asesinarlo; sus jueces y fiscales imputaron a policías y militares por sabotaje, rebelión, plagio, intento de magnicidio y atentado contra la seguridad del Estado, con penas de hasta 12 años de cárcel. El resultado del acto atrabiliario y atolondrado: familias destrozadas, carreras de excelentes profesionales frustradas, descrédito de la justicia y la democracia.
Terminado uno de los períodos más sombríos de la historia ecuatoriana, la Justicia ha comenzado a dignificarse, a hacerse merecedora de la confianza de los ecuatorianos y debe ser muy cuidadosa en el cumplimiento fiel y transparente de sus funciones, evitando caer en los excesos y extravíos del pasado reciente, cuando se adecuaban los procesos y fallos a cálculos políticos, caprichos del caudillo.