Un abarrotado CDP es la nueva ‘casa’ de Daniel Salcedo

SEGURIDAD. La presencia de Daniel Salcedo obligó a redoblar la seguridad en el CDP.
SEGURIDAD. La presencia de Daniel Salcedo obligó a redoblar la seguridad en el CDP.

Un agente penitenciario, un miembro del Grupo Especial Alpha (GEA) y un miembro de la Policía Nacional, son los encargados de la seguridad de Daniel Salcedo dentro del Centro de Detención Provisional de El Inca, en el norte de Quito.

El procesado en cuatro instrucciones fiscales, representa para la Fiscalía una pieza clave para las investigaciones que se siguen por presuntas tramas de corrupción, relacionadas a la venta y adquisición de insumos médicos en el sistema de salud pública.

El abogado del acusado, Luigi García, esperaba que su defendido cumpla la prisión preventiva en la Cárcel 4, calificada como de mínima seguridad; sin embargo, el juez Reinaldo Cevallos, ordenó su permanencia en el CDP.

Tania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, cree que el ingreso de Salcedo al CDP no fue una buena idea. La exfuncionaria conoce el sistema carcelario y asegura que las condiciones no son las más seguras, considerando la importancia del procesado en los hechos que se investigan.

Daniel Salcedo cumple una medida de aislamiento preventivo dentro del CDP.“El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), debió asignarle una custodia porque es un personaje de conmoción social”, dijo.

La exfuncionaria no descartó que, por cómo se manejan las cosas en las cárceles, otros presos puedan extorsionar al procesado para ofrecerle “servicios” de seguridad.

Villarreal agregó que el hacinamiento del CDP no ayuda a garantizar la integridad física de Salcedo. Indicó que la infraestructura de ese lugar tiene una capacidad para 700 personas y alberga a cerca de 1.700 presos.

Salcedo carga sobre sus hombros cuatro instrucciones fiscales relacionadas con presuntos actos ilícitos, que se habrían gestado en esta emergencia sanitaria. La Fiscalía lo investiga por lavado de activos, fraude procesal, asociación ilícita y peculado. Este último delito tiene que ver con la venta con supuesto sobreprecio de insumos médicos al sistema de salud pública. (FLC)