La implementación de los fotorradares en el Ecuador, y, con ello las multas en base a fotografías tomadas con aparatos tecnológicos a los carros que cometan infracciones o contravenciones de tránsito, ha creado una controversia entre conductores y CNT, a tal punto que por demanda, la Corte Constitucional, declaró la inconstitucionalidad del Art. 238 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, mediante sentencia N. 71-14-CN-19, de fecha 4 de junio de 2019, que regula las contravenciones de tránsito detectadas a través de medios tecnológicos.
Es necesario explicar que significa inconstitucionalidad, para que todos sepamos porque la Corte Constitucional, como máximo organismo de la Justicia constitucional en Ecuador tiene la capacidad de conocer las impugnaciones a hechos o normas que vulneren los principios consagrados en nuestra constitución; por tanto en el caso que nos ocupa, de conformidad con la sentencia enunciada, se ha reconocido que las multas realizadas por la CNT a través de medios tecnológicos, vulneran derechos humanos, como el derecho a la defensa, y por tanto afecta el debido proceso.
En definitiva al declarar esta Corte Constitucional que las multas originadas o motivadas en aparatos tecnológicos como fotorradares son inconstitucionales, obviamente, está anulando dicho procedimiento para multar; estos dispositivos, ya no tienen razón de ser, deben ser retirados de las carreteras y calles de la ciudad; es decir las disposición manda, que debe ser un Agente de Tránsito el que personalmente multe o sancione al ciudadano conductor que cometa una infracción o contravención de tránsito.
La recomendación a los amigos taxistas y ciudadanos, en caso de ser multados y notificados por su correo electrónico, presentar una impugnación ante un juez penal dentro de tres días, para que sea el juez quien elimine dicha multa; pero lo imperante, es que la CNT y la Dirección de Tránsito retiren los equipos de fotorradares de las calles y carreteras, caso contrario estarían cometiendo el delito penal de prevaricato.
Joffre Daza Quiñónez