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‘El exgerente de Residuos Sólidos nos engañaba’; oscuro manejo de la basura de Quito

JUL, 06, 2020 |

Situación. El Relleno del Inga está declarado en emergencia.

Eduardo del Pozo, concejal de Quito, dice que Hernán Alvarado jamás informó de algún problema en el relleno sanitario del Inga. Eduardo del Pozo, concejal de Quito, dice que Hernán Alvarado jamás informó de algún problema en el relleno sanitario del Inga. El Municipio declaró 'emergencia', pero explican salida del exgerente de la empresa, ni los más de $ 6 millones pagados a una empresa constituida para manejar haciendas y ganado.

La mala situación del relleno sanitario del Inga, en Quito, quedó en evidencia tras las denuncias de los moradores del sector. La Secretaría del Ambiente realizó una visita ‘in situ’ y generó un informe en el que determinaba el posible colapso del lugar que, a diario, recibe las 200 toneladas de basura.

¿Por qué las autoridades no previnieron esta situación? La respuesta de Eduardo del Pozo, concejal de Quito, quien hizo público el informe de la Secretaría del Ambiente, fue reveladora: “El exgerente (Hernán Alvarado) nos engañaba, nos decía que las cosas estaban bien, que no había ningún inconveniente”.

Diez mil dólares mensuales para el gerente de la empresa, y salió sin explicación

Cuando se reveló que el cubeto 9B llegaría al límite -entre agosto y septiembre de este año-, también se supo que las autoridades no iniciaron el proceso de contratación para construir un nuevo cubeto.

Además, el manejo de los lixiviados (líquido producido por la basura) llevaba meses sin realizarse adecuadamente, provocando una peligrosa situación en la que los líquidos se podrían desbordar, contaminando todo a su alrededor. “En la inspección se determinó que no solamente no estaban vacías estas piscinas, sino que estaban saturadas. Esto significaba una crisis compleja”, aseguró Del Pozo.

Tras las denuncias, Hernán Alexis Alvarado Zambrano, entonces gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP) en junio de 2019, renunció sin dar explicaciones. Ahora, Xavier Sinche está al frente de la empresa.

La salida de Alvarado Zambrano se dio sin pena ni gloria. La nómina del personal de la empresa pública Emgirs, de noviembre de 2019, obtenida de la página de Transparencia de dicha entidad, señala una remuneración mensual de $ 10.282,84. 

Las autoridades tampoco se ponen de acuerdo sobre lo que pasó con la empresa encargada del tratamiento de lixiviados: Villacapria CIA.LTDA. ¿No renovaron su contrato o el convenio fue suspendido?

Sin experiencia en residuos

Según el portal de compras públicas, Villacapria registra pagos hechos por Emgirs-EP, desde 2015 hasta 2019, la suma de los pagos supera los $6 millones de dólares. Del Pozo señala que la empresa trabajó hasta diciembre de 2019; sin embargo, el 25 de junio, cuando se declaró la 'emergencia' en el relleno de El Inga, Sinche no mencionó lo que ahora explica el concejal: que se habría rescindido el contrado a Villacapria en diciembre de 2019 y que, desde entonces, no se habría realizado mantenimiento a las piscinas que contienen los líquidos que emanan de la basura. 

Del Pozo sostiene que a partir de diciembre 2019 se contrató a una nueva entidad y rápidamente se rescindió el contrato. ¿Cómo y a cual? No está claro. Sin emabrgo, esa sería la causa por la que las piscinas no tuvieron tratamiento, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020.

Sin embargo, los problemas venían desde antes, precisó en entrevistas pasadas la exsecretaria del Ambiente, Marianella Irigoyen, quien dejó su cargo en octubre de 2019 y quien ha señalado que había advertido sobre el colapso.

Una de las causas sería la poca experiencia de Villacapria en el manejo de este tipo de líquidos. La empresas fue constituida por dos abogados: Enrique Alberto Arboleda Espinel y Juan Carlos Villacís Molina.

Arboleda fue secretario general del Concejo Metropolitano entre 2003 y 2004 y Villacís fue abogado del Distrito Metropolitano y, en 2007, durante cinco meses trabajó en la Defensoría del Pueblo; llegando a ser por un corto tiempo durante sus cinco meses en funciones, Defensor del Pueblo subrogante. 

Emgirs abrió un concurso para una empresa tratante de lixiviados y una que construya un nuevo cubeto.Cuando constituyeron la empresa (2006), que durante los tres últimos años trató los lixiviados de la capital, su objeto social fue “crianza y comercialización de especies de ganado, administración y control de haciendas, fincas, cultivos”, entre otros.  Nunca se mencionó manejo de desechos, lixiviados ni basura.

Sin embargo, en marzo de 2016 (un año después de haberse adjudicado el contrato con la empresa pública Emgirs) los dos abogados cambiaron el objeto social  de la empresa a “manejo de plantas industriales, desechos, entre otras”.

El contrato con la emrpesa no figura en los portales de información pública, como tampoco el proceso mediante el cual un contrato, que debe fiscalizarse por el Concejo Metropolitano de Quito, fue adjudicado a una empresa con un objeto social que nada tenía que ver con el manejo de residuos, y peor aún, sin experiencia previa en un tema tan delicado como el manejo ambiental de desechos contaminantes en el relleno sanitario de la capital. 

Desde el 10 de junio, LA HORA solicitó una entrevista con el actual Gerente y una visita al relleno. El 28 de junio el departamento de comunicación respondió que por cuestiones de seguridad no se podía ir al Inga, pero sí realizar la entrevista.

Al solicitar el contrato con Villacapria indicaron que solo hablarán de la gestión actual y que “se recibió a la empresa en una situación complicada (…), pero no es correcto que nos pongamos a hablar mal de la empresa que hacía el tratamiento de lixiviados, ya que cumplió con su papel hasta el día que tuvo el contrato”.

Falta de fiscalización
 

Del Pozo explicó que la Contraloría está realizando un análisis sobre cómo se llevaron estos procesos en administraciones pasadas y verificar responsabilidades.

La fiscalización de cualquier empresa municipal, reconoció Del Pozo, está en manos del Concejo Metropolitano; sin embargo, desde la gestión pasada a la de Jorge Yunda, nadie puso ‘sobre la mesa’ que Villacapria obtuvo el contrato sin ser una empresa a fin a la gestión ambiental.

Tampoco se fiscalizó porque Alvarado, según la nómina de 2019 de Emgirs, ganaba cerca de $10.000. Del Pozo indicó que el gerente tiene un sueldo establecido y que de ser así “se así se estaría incurriéndose en una serie de delitos que deberían pasar a la Fiscalía”. (AVV)

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, en marzo de 2019, los sueldos de Emgirs se redujeron al igual que los de muchas otras empresas públicas y entidades del estado. 

Sin emabrgo, la nómina de la emrpesa de noviembre de 2019, cuando aún operaba Villacapria y la 'austeridad' en el sector público solo quedaba en papel, revela otras joyas: 

  • Gerente General (Hernán Alexis Alvarado Zambrano) $ 10.24,84.
  • Gerende Desarrollo Organizacional (Jorge Dennis Salgado Parreño), $ 8.228.70
  • Gerente Administrativo Financiero (Diego Leonardo Bravo Gallardo) $ 7.771,50.
  • Auditor General (René Alfredo Peña Villacís) $7.771,50.
  • Especialista de Lixiviados (Andrea Soledad Martinez Cartajena) $ 4.225,71
     
  • 337 empleados, con una nómina a noviembre de 2019 de $ 428.703,63;
  • Más de 30 personas recibieron una remuneración por sobre los 4 mil dólares, incluyendo una larga lista de 'especialistas' como: de gerencia, de contabilidad, de compras públicas, de talento humano, de comunicación, de asesoría, de archivo, de obras civiles, de presupuesto, de transporte y logística, de transporte y transferencia, financiero, de seguridad ocupacional, de planificación, de comercialización, de residuos ordinarios, de lixiviados, de patrocinio, ambiental, entre otros.

Pagos Emgirs a Villacapria

La empresa pública de manejo de basura y rellenos sanitarios en Quito, Emgirs, no entrega el contrato con Villacapria. Sin embargo, en su página web constan los siguientes pagos realizados a la empresa que, hasta diciembre de 2019, dejó las piscinas de lixiviados de tal manera que ahora se ha declarado una 'emergencia' y un proceso de contratación al apuro y con poca fiscalización. 

2015: Sólo entre febrero y marzo, $170.826
2018: $3'682.799 (Incluso, se le hizo 2 pagos a día seguido por el mismo monto: tanto el 25 como el 26 de septiembre de 2018, constan en los registros de la Emgirs, 2 pagos de $307,532).
2019: a noviembre le habían pagado 2'184.749

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