Solo ayer, renunció la gerente del Hospital General Docente de Ambato por denuncias de compras con sobreprecio, similares denuncias hay en el hospital del IESS en Babahoyo. La Secretaría de Riesgos, bajo la lupa también.
La Fiscalía investiga de oficio, pero denuncia intromisión de la Secretaría Anticorrupción (del Ejecutivo), a la cual acusa de “entorpecer” su trabajo. El COIP establece agravantes a quienes incurran en actos de corrupción, durante una emergencia nacional.
El Covid-19 no es el único virus que ataca al país. La corrupción es un mal que no ha respetado, ni siquiera, la emergencia sanitaria por la pandemia que, hasta ayer 7 de mayo, registraba 30.298 contagios en Ecuador, según el COE Nacional.
Según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) los delitos de corrupción representan una pena de uno a 13 años de privación de la libertad.
Sin embargo, se considera como agravante si estos actos se dan durante una emergencia sanitaria o Estado de excepción. Según el COIP el delito de corrupción podría ser castigado con la pena máxima aumentada en un tercio. Aproximadamente, 17 años.
Sobreprecios en hospitales del IESS
Las irregularidades en la adquisición de insumos médicos se presentan como los principales actos donde se sospecha corrupción durante la emergencia sanitaria que inició el pasado 16 de marzo.
En su edición regional de Los Ríos, LA HORA publica hoy que el hospital del IESS Babahoyo se encuentra bajo sospechas por la compra de varios insumos de protección y de oficina.
La Gobernación asegura que no aceptará casos de corrupción en la provincia, pero las compras que denuncia la investigación tienen elementos particulares:
- $94 por cada pantalón de trabajo con cintas reflectivas, cuando en el mercado nacional, una prenda similar se consigue a $16. Se compró 55.
- $238 por cada par de botas de seguridad con punta en fibra de vidrio, cuando el valor referencial en el mercado es de $59,99.
- $105 por cada toner para impresora, cuando en el mercado se lo puede consigue hasta en $33.
Destituida por overoles dudosos
A última hora de ayer, fue destituida la gerenta del Hospital General Docente de Ambato, Vanessa Paredes, por la coordinación zonal 3 de Salud.
Las denuncias llegaron de la ciudadanía por redes sociales. Al parecer, hubo irregularidades en la reciente compra de mascarillas y trajes de bioseguridad. La denuncia señalaba que la orden de compra de trajes de bioseguridad era por 216 mil 111 dólares, en el que se pretendía pagar 39,90 dólares cada overol, transacción que se realizaría con una proveedora no dedicada a la confección de estos sino al transporte de pasajeros con ubicación en El Oro.
Gabriela Rodríguez, gobernadora de Tungurahua, confirmó que personal del departamento Jurídico y Compras Públicas de la Coordinación Zonal acudió ayer al Hospital de Ambato y canceló los procesos de compras. También se habría enviado información a Contraloría para que realice las investigaciones del caso.
Millonarios kits de alimentos en Riesgos
El último caso involucra a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), cuya titular, Alexandra Ocles, habría aprobado la adquisición de 7 mil kits de alimentos, por un valor de $150,82 cada uno. Sin embargo, el precio de los 18 productos de los kits, no suma más de $85,79, según una publicación hecha por el portal Primicias.
Los productos habrían sido comprados a la distribuidora ‘StoreCamacho’ localizada en Samborondón (Guayas).
Horas después de la acusación, la Secretaría de Riesgos emitió un comunicado en el que señala que las raciones alimenticias no tienen 18 productos sino 19 y que no se ha tomado en cuenta el valor del envase, etiquetado, embalaje y transporte hacia los domicilios de los beneficiarios. Cabe resaltar, que la diferencia entre el precio de compra y el costo de los productos en el mercado, es de $65,03.
“La adquisición de estos kits de alimentos se ha realizado de manera transparente, se ha cumplido con todos los procesos”, mencionó Ocles en el documento y pidió a la Contraloría General del Estado que revise el proceso.
En el pronunciamiento de la SNGR no se detalla el costo real de los productos. Mientras que en la página del Servicio de Contratación Pública sí consta un convenio firmado por Ocles, a finales de marzo, para adquirir 7mil kits de alimentos por $1’055.740, es decir, a $150,82 por unidad. Esto, sin sumar el IVA.
El caso que ‘encendió las alarmas’ se presentó el pasado 28 de marzo, cuando autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reconocieron que iban a adjudicarse un contrato de adquisición de mascarillas en $12 por unidad, cuando su precio comercial es de $4.
Carísimas bolsas para cadáveres
Aunque la Fiscalía y la Contraloría General del Estado han informado que se han abierto procesos de investigación y exámenes especiales para auditar compras realizadas durante la emergencia en casas de salud, como el Hospital Eugenio Espejo y Baca Ortiz; existen otros espacios donde también rondan los sobreprecios.
Esta semana, la Fiscalía junto a la Policía Nacional realizaron varios operativos en Guayaquil, en los que se había denunciado la adquisición de miles de bolsas plásticas impermeables para cadáveres, en el hospital del IESS Los Ceibos y el hospital Docente de la Policía Nacional. Los precios de compra por unidad, ascendieron a $148 y $130 dólares, respectivamente, muy por encima cuando el precio regular en el mercado es de $12. El precio de compra denunciado tiene un incremento del 1.000% a partir del precio de mercado.
Fiscalía denuncia intromisión
En una carta enviada ayer al Presidente de la República, la Fiscal General Diana Salazar pidió al Ejecutivo el cierre de la Secretaría Nacional Anticorrupción, dirigida actualmente por José De la Gasca.
La solicitud del cierre de esa dependencia, por parte de Salazar se motiva no solo por la política de austeridad que emprende el Ejecutivo frente a la pandemia, sino también porque según ella existen instituciones cuyas labores y competencias son las del control de la corrupción, entre ellas la Contraloría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de la misma Fiscalía.
En el documento de cuatro páginas, también se incluye que en varios procesos se ha alertado a quienes son investigados, incluso en las investigaciones que de oficio realiza la Fiscalía a las compras y contratos efectuados por varias instituciones públicas, en el marco de la emergencia sanitaria.
También en el terremoto
Alrededor del terremoto de abril de 2016 constan varias denuncias sobre presuntos casos de corrupción, como enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Además, la Contraloría detectó algunas presuntas irregularidades en el proceso de reconstrucción tras el terremoto, hecho que se corrobora en un informe preliminar que detalla que 10 empresas contratistas calificadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) recibieron anticipos por aproximadamente $2’865.986 de dólares pero que las obras y reparaciones que entregaron quedaron incompletas.
Cuatro años han pasado y todavía no se ha concretado ninguna sentencia.
Emergencia sanitaria
Denuncias
- Sobreprecio en adquisición de mascarillas IESS
- 10 casas de salud son investigadas por irregularidades
- Indagación abierta al Hospital Eugenio Espejo
- Sobreprecio en adquisición de bolsas impermeables para cadáveres por lo menos en dos hospitales
- Sobreprecio en ‘kits’ de alimentos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.