María Rosa Zury
La emergencia sanitaria que golpea al sistema de salud pública se suma a la crisis sistemática de otras las esferas de nuestro país. En materia social y laboral, por ejemplo, se avecina un incremento en los niveles de pobreza, desigualdad e informalidad, agudizando así la recesión económica de los últimos años.
Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Un proyecto normativo que ha olvidado a la clase media, excluyéndola de toda medida que la beneficie en términos políticos, económicos y sociales. Se trata de un segmento que no aparece en los noticieros, ni es parte del debate político de nuestros gobernantes.
Aproximadamente el 38% de los ecuatorianos que pertenecen a la clase media han labrado su futuro como profesionales, independientes o emprendedores a costa de mucho esfuerzo para ascender en la escala social, pero hoy sus ingresos han sido severamente afectados por la paralización económica, mientras sus deudas no dejan de crecer. Lo peor es que esta situación parece a nadie importarle.
Urge que los ciudadanos exijan a sus representantes ante la Asamblea que focalicen las propuestas de este proyecto de ley con base en las necesidades de sus provincias, para que se consideren incentivos a los canales de producción y distribución local, y que a la par se aseguren períodos de gracia hasta que los negocios se reactiven.
Porque no se puede demandar sacrificios sin plantear salidas, así como tampoco se puede concebir un proyecto de recuperación nacional a puerta cerrada o sin asumir un costo político al dejar de lado a una fracción sustancial de la población económicamente activa. Hoy, los diálogos en vista de enfrentar la poscrisis demandan la participación, voz y voto de la clase media. (O)