Redacción QUITO
Según el Gobierno, las medidas de restricción de movilidad y actividad estarán vigentes, en primera instancia, hasta el 31 de marzo; pero Alberto Acosta Burneo, analista económico, alertó que tenemos que prepararnos para una batalla larga contra el coronavirus (Covid-19)
“Expertos internacionales hablan de que, por lo menos, con entradas y salidas en periodos de cuarentena, la batalla durará 18 meses. Durante ese tiempo, el virus se mantendría como una amenaza; mientras se encuentre una vacuna; y esta pueda ser producida, de manera comercial, en cantidades suficientes para llegar a un porcentaje elevado de la población”, dijo.
En este sentido, la realidad es que tendremos que aprender a convivir con el Covid-19; y eso implica cambiar la manera de actuar, producir comerciar y hasta consumir.
“Tenemos que adaptar la legislación laboral para permitir mayor flexibilidad. En los periodos en que se permita producción debemos hacerlo al máximo. Si es posible, se deberá trabajar en las noches y en horarios extendidos”, acotó
El Código de Trabajo, que data de principios del siglo veinte, ni siquiera está acorde con las nuevas realidades del mercado laboral anterior a la crisis sanitaria; y las reformas anunciadas por el Gobierno, debido al persistente bloqueo político y la falta de consensos, no se pudieron concretar el año pasado.
Alicia Lucero, economista y experta laboral, los cambios urgentes deben ir en la línea de permitir la maximización de la producción en periodos cortos. “Además de las modalidades de contratación temporales por días o semanas; también se debe incluir mecanismos para que entre empleadores y empleados se puedan acordar plazos y pagos”, puntualizó.
Si no se modernizan las normativas, según Acosta, el costo económico será muy grande. “Las empresas venderán menos; los trabajadores perderán su empleo y los consumidores tendrán acceso a menos productos para consumir”, aseveró.
Medidas emergentes
A través de dos resoluciones del ministerio de trabajo, se han establecido herramientas para evitar despidos masivos durante esta primera fase de la crisis sanitaria. Así, hasta el momento, 89.359 trabajadores están bajo la modalidad de suspensión temporal, la mayoría de ellos laboran para el sector manufacturero y el comercio.
Esta modalidad está contemplada en el artículo 60 del Código de Trabajo que nos dice que las empresas pueden acogerse a ella, por un periodo máximo de tres meses. Los empleadores deben, por ley, pagar las remuneraciones durante el tiempo interrumpido, pero luego recuperar ese tiempo perdido, aumentando hasta 3 horas la jornada diaria, 4 horas si se trata de los sábados.
Sin embargo, si las empresas no están en condiciones de pagar los sueldos, se debería llegar a acuerdos con los empleados para abonar una parte o establecer un cronograma. Lucero consideró que el número de personas bajo esa modalidad es muy pequeño, si se toma en cuenta que hay más de 3,4 millones con trabajo formal en país. “La mayor preocupación es que ya estén operando despidos; o que haya suspensiones que no cumplen con los requisitos de ley. Según el ministerio de producción, las actividades están paralizadas en un 70%”, añadió
Por su parte, al momento existen 26.071 trabajadores bajo la modalidad de jornada reducida, sobre todo en los sectores de agricultura y ganadería y de servicios administrativos. Esa herramienta, que máximo pude disminuir 10 horas del trabajo semanal, solo pude durar seis meses renovables por una sola vez.
Finalmente, a través del teletrabajo, hasta el 26 de marzo, estaban laborando 306.763 personas trabajando de manera remota hasta el 26 de marzo, según un reporte del Ministerio de Trabajo. De ese total, 60.277 pertenecen al sector privado y 246.536 son funcionarios públicos.
Sumando todas esas medidas emergentes, solo 422.193 ecuatorianos han podido beneficiarse, lo que representa el 12% de los empleados formales o el 6% de todas las personas con empleo; según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (JS)