Santiago Pérez Samaniego
El violento y lamentable asesinato de una mujer en Quito producto de un asalto a manos de una persona de nacionalidad venezolana despertó nuevamente una ola de ataques, discriminación y xenofobia en contra de este grupo humano, alentada negativamente por algunas declaraciones irresponsables de nuestras autoridades de gobierno, criminalizando a la migración en Ecuador.
¿Pero realmente son todos los venezolanos la principal amenaza a la seguridad ciudadana? ¿O son los causantes naturales del aumento de la inseguridad?, la respuesta es, no. Actualmente, según cifras del propio Ministerio de Gobierno, existen más de 360 mil venezolanos que ingresaron entre 2015 y 2019, el número total de privados de la libertad (PPL) venezolanos es de 733 personas a nivel nacional, la gran mayoría encarcelada por delitos contra la propiedad. Según el SNAI, a 2019, se registran a 2.802 extranjeros recluidos en el país de una población penitenciaria total de 41 mil PPL.
Latinoamérica es tristemente la región más desigual del mundo, aunque no la más pobre. Se percibe debilidad en los sistemas judiciales y fortaleza del crimen organizado. Estos problemas estructurales son un obstáculo para el desarrollo, la garantía de derechos, el bienestar colectivo y la justicia social. La eliminación de todas las formas de discriminación son un componente esencial para lograr sociedades pacíficas e inclusivas basadas en el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos, la equidad y la diversidad. Aunque la migración debe ser controlada y regularizada, es importante no caer en la nociva dinámica de los prejuicios y estereotipos negativos contra la población venezolana que, aunque existen lamentables y deplorables casos de delincuencia, vemos que los datos en relación de este grupo humano en el país, muestran lo contrario. (O)