German Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), explicó que hay varios responsables del saqueo ocurrido durante el correísmo a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre todo, con respecto al Fondo de Pensiones.
“Las autoridades deben promover acciones legales en contra del expresidente Rafael Correa, Richard Espinoza, expresidente del Consejo Directivo del IESS y también sobre todos los asambleístas que permitieron, mediante la aprobación de una Ley, que se dejara de pagar el aporte estatal del 40%”, dijo Rodas.
Aclaró que las responsabilidades tienen que ver con desvío de fondos públicos para financiar un proyecto político clientelar. O sea, se desfinanció al IESS para mantener un gasto público irresponsable que permitiera a Correa seguir siendo popular.
“Los responsables políticos de las medidas deben ser sancionados y, a la par, se debe buscar soluciones para que no queden desamparados los jubilados presentes y futuros”, puntualizó.
Según el último informe actuarial, publicado el pasado lunes, el no pago del 40% que le correspondía al Estado y la disminución del porcentaje de aporte al Fondo de Pensiones, provocó una pérdida patrimonial de más de 8.900 millones de dólares, entre 2015 y 2017.
Fiscalía debe actuar de oficio
Pedro Bermeo, abogado con especialidad en el área penal, recalcó que, debido a que toda la información sobre los perjuicios al IESS es pública, la Fiscalía debería iniciar de oficio un proceso investigativo.
EL DATO
Ramiro González, prófugo de la Justicia, fue presidente del Directorio del IESS en los primeros años de Rafael Correa como presidente. “La seguridad social es un tema complejo y, los delitos involucrados en los malos manejos durante el Gobierno anterior, caerían dentro de las infracciones contra la administración pública, específicamente el peculado”, acotó.
A pesar de eso, el jurista advirtió que para que haya sentencias dentro de ese tipo penal se debe probar que no solo hubo malversación de fondos públicos, sino que funcionarios o terceros se beneficiaron personalmente.
Una investigación sobre ese tipo de delitos podría durar hasta dos años, tomando en cuenta que el peculado tiene una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.
“Si la Fiscalía no actúa de oficio, las autoridades del IESS tendrían que impulsar el proceso. Pero, en todo caso, cualquier ciudadano o institución podría interponer una denuncia”, añadió Bermeo. (JS)
Deuda por Fondo de Salud sigue pendiente
° Paúl Granda, actual presidente del Consejo Directivo del IESS, anunció que durante los primeros 15 días de 2020, se publicará el estudio actuarial sobre el Fondo de Salud, con corte al 31 de diciembre de 2018.
“Todavía no hemos podido establecer completamente la deuda del Estado con el Fondo de Salud, pero está en alrededor de 3.500 millones de dólares. De manera irresponsable se amplió la cobertura del seguro, pero no se determinó el financiamiento”, puntualizó.
German Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), explicó que hay varios responsables del saqueo ocurrido durante el correísmo a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre todo, con respecto al Fondo de Pensiones.
“Las autoridades deben promover acciones legales en contra del expresidente Rafael Correa, Richard Espinoza, expresidente del Consejo Directivo del IESS y también sobre todos los asambleístas que permitieron, mediante la aprobación de una Ley, que se dejara de pagar el aporte estatal del 40%”, dijo Rodas.
Aclaró que las responsabilidades tienen que ver con desvío de fondos públicos para financiar un proyecto político clientelar. O sea, se desfinanció al IESS para mantener un gasto público irresponsable que permitiera a Correa seguir siendo popular.
“Los responsables políticos de las medidas deben ser sancionados y, a la par, se debe buscar soluciones para que no queden desamparados los jubilados presentes y futuros”, puntualizó.
Según el último informe actuarial, publicado el pasado lunes, el no pago del 40% que le correspondía al Estado y la disminución del porcentaje de aporte al Fondo de Pensiones, provocó una pérdida patrimonial de más de 8.900 millones de dólares, entre 2015 y 2017.
Fiscalía debe actuar de oficio
Pedro Bermeo, abogado con especialidad en el área penal, recalcó que, debido a que toda la información sobre los perjuicios al IESS es pública, la Fiscalía debería iniciar de oficio un proceso investigativo.
EL DATO
Ramiro González, prófugo de la Justicia, fue presidente del Directorio del IESS en los primeros años de Rafael Correa como presidente. “La seguridad social es un tema complejo y, los delitos involucrados en los malos manejos durante el Gobierno anterior, caerían dentro de las infracciones contra la administración pública, específicamente el peculado”, acotó.
A pesar de eso, el jurista advirtió que para que haya sentencias dentro de ese tipo penal se debe probar que no solo hubo malversación de fondos públicos, sino que funcionarios o terceros se beneficiaron personalmente.
Una investigación sobre ese tipo de delitos podría durar hasta dos años, tomando en cuenta que el peculado tiene una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.
“Si la Fiscalía no actúa de oficio, las autoridades del IESS tendrían que impulsar el proceso. Pero, en todo caso, cualquier ciudadano o institución podría interponer una denuncia”, añadió Bermeo. (JS)
Deuda por Fondo de Salud sigue pendiente
° Paúl Granda, actual presidente del Consejo Directivo del IESS, anunció que durante los primeros 15 días de 2020, se publicará el estudio actuarial sobre el Fondo de Salud, con corte al 31 de diciembre de 2018.
“Todavía no hemos podido establecer completamente la deuda del Estado con el Fondo de Salud, pero está en alrededor de 3.500 millones de dólares. De manera irresponsable se amplió la cobertura del seguro, pero no se determinó el financiamiento”, puntualizó.
German Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), explicó que hay varios responsables del saqueo ocurrido durante el correísmo a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre todo, con respecto al Fondo de Pensiones.
“Las autoridades deben promover acciones legales en contra del expresidente Rafael Correa, Richard Espinoza, expresidente del Consejo Directivo del IESS y también sobre todos los asambleístas que permitieron, mediante la aprobación de una Ley, que se dejara de pagar el aporte estatal del 40%”, dijo Rodas.
Aclaró que las responsabilidades tienen que ver con desvío de fondos públicos para financiar un proyecto político clientelar. O sea, se desfinanció al IESS para mantener un gasto público irresponsable que permitiera a Correa seguir siendo popular.
“Los responsables políticos de las medidas deben ser sancionados y, a la par, se debe buscar soluciones para que no queden desamparados los jubilados presentes y futuros”, puntualizó.
Según el último informe actuarial, publicado el pasado lunes, el no pago del 40% que le correspondía al Estado y la disminución del porcentaje de aporte al Fondo de Pensiones, provocó una pérdida patrimonial de más de 8.900 millones de dólares, entre 2015 y 2017.
Fiscalía debe actuar de oficio
Pedro Bermeo, abogado con especialidad en el área penal, recalcó que, debido a que toda la información sobre los perjuicios al IESS es pública, la Fiscalía debería iniciar de oficio un proceso investigativo.
EL DATO
Ramiro González, prófugo de la Justicia, fue presidente del Directorio del IESS en los primeros años de Rafael Correa como presidente. “La seguridad social es un tema complejo y, los delitos involucrados en los malos manejos durante el Gobierno anterior, caerían dentro de las infracciones contra la administración pública, específicamente el peculado”, acotó.
A pesar de eso, el jurista advirtió que para que haya sentencias dentro de ese tipo penal se debe probar que no solo hubo malversación de fondos públicos, sino que funcionarios o terceros se beneficiaron personalmente.
Una investigación sobre ese tipo de delitos podría durar hasta dos años, tomando en cuenta que el peculado tiene una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.
“Si la Fiscalía no actúa de oficio, las autoridades del IESS tendrían que impulsar el proceso. Pero, en todo caso, cualquier ciudadano o institución podría interponer una denuncia”, añadió Bermeo. (JS)
Deuda por Fondo de Salud sigue pendiente
° Paúl Granda, actual presidente del Consejo Directivo del IESS, anunció que durante los primeros 15 días de 2020, se publicará el estudio actuarial sobre el Fondo de Salud, con corte al 31 de diciembre de 2018.
“Todavía no hemos podido establecer completamente la deuda del Estado con el Fondo de Salud, pero está en alrededor de 3.500 millones de dólares. De manera irresponsable se amplió la cobertura del seguro, pero no se determinó el financiamiento”, puntualizó.
German Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), explicó que hay varios responsables del saqueo ocurrido durante el correísmo a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre todo, con respecto al Fondo de Pensiones.
“Las autoridades deben promover acciones legales en contra del expresidente Rafael Correa, Richard Espinoza, expresidente del Consejo Directivo del IESS y también sobre todos los asambleístas que permitieron, mediante la aprobación de una Ley, que se dejara de pagar el aporte estatal del 40%”, dijo Rodas.
Aclaró que las responsabilidades tienen que ver con desvío de fondos públicos para financiar un proyecto político clientelar. O sea, se desfinanció al IESS para mantener un gasto público irresponsable que permitiera a Correa seguir siendo popular.
“Los responsables políticos de las medidas deben ser sancionados y, a la par, se debe buscar soluciones para que no queden desamparados los jubilados presentes y futuros”, puntualizó.
Según el último informe actuarial, publicado el pasado lunes, el no pago del 40% que le correspondía al Estado y la disminución del porcentaje de aporte al Fondo de Pensiones, provocó una pérdida patrimonial de más de 8.900 millones de dólares, entre 2015 y 2017.
Fiscalía debe actuar de oficio
Pedro Bermeo, abogado con especialidad en el área penal, recalcó que, debido a que toda la información sobre los perjuicios al IESS es pública, la Fiscalía debería iniciar de oficio un proceso investigativo.
EL DATO
Ramiro González, prófugo de la Justicia, fue presidente del Directorio del IESS en los primeros años de Rafael Correa como presidente. “La seguridad social es un tema complejo y, los delitos involucrados en los malos manejos durante el Gobierno anterior, caerían dentro de las infracciones contra la administración pública, específicamente el peculado”, acotó.
A pesar de eso, el jurista advirtió que para que haya sentencias dentro de ese tipo penal se debe probar que no solo hubo malversación de fondos públicos, sino que funcionarios o terceros se beneficiaron personalmente.
Una investigación sobre ese tipo de delitos podría durar hasta dos años, tomando en cuenta que el peculado tiene una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.
“Si la Fiscalía no actúa de oficio, las autoridades del IESS tendrían que impulsar el proceso. Pero, en todo caso, cualquier ciudadano o institución podría interponer una denuncia”, añadió Bermeo. (JS)
Deuda por Fondo de Salud sigue pendiente
° Paúl Granda, actual presidente del Consejo Directivo del IESS, anunció que durante los primeros 15 días de 2020, se publicará el estudio actuarial sobre el Fondo de Salud, con corte al 31 de diciembre de 2018.
“Todavía no hemos podido establecer completamente la deuda del Estado con el Fondo de Salud, pero está en alrededor de 3.500 millones de dólares. De manera irresponsable se amplió la cobertura del seguro, pero no se determinó el financiamiento”, puntualizó.