Paola Pabón busca reunión con el Gobierno

INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.
INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.
INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.
INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.
INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.
INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.
INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.
INVOLUCRADA. Paola Pabón guarda prisión en la cárcel de Latacunga. Ayer la Prefectura de Pichincha le concedió vacaciones.

La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, analizan dos vías para encontrarle un revés a la medida de prisión preventiva que pesa en su contra.

Respaldados en las medidas de protección que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los tres políticos (donde no se incluye su liberación, sino que tengan seguridades y derechos), la mañana de ayer definieron los mecanismos para que los tres recuperen su libertad.

Cabe recordar que en el Gobierno de Rafael Correa, el exmandatario denostó las sugerencias de la CIDH.

Fausto Jarrín, abogado de González, y Ramiro Aguilar, defensor de Pabón y Hernández; presentaron en conjunto a la Corte Provincial de Pichincha un pedido de revocatoria de la prisión preventiva, la que deberá tramitarse mediante audiencia. Ese organismo deberá fijar fecha y hora para analizar si el pedido procede.

Jarrín no descartó interponer un recurso de Hábeas Corpus para que sea un Tribunal el que decida sobre la libertad de los procesados por un presunto delito de rebelión, relacionado con los acontecimientos del último paro nacional registrados en octubre pasado y que degeneraron en violentas manifestaciones.

Para Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, la medida cautelar que pesa sobre Pabón, Hernández y González debería mantenerse según los plazos establecidos en las respectivas audiencias.

El jurista aseguró que lo expuesto por la CIDH no tiene carácter de vinculante, es decir, el Estado está en la libertad o no de acoger las medidas cautelares.

‘Mesa de concertación’
Otra de las vías que los abogados analizan es una “mesa de concertación de medidas cautelares”. Ayer, Jarrín y Aguilar entregaron en la Cancillería un documento donde solicitan una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Gobierno y Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, para Rodríguez esta “mesa de concertación” no tendría cabida, pues representaría una injerencia del Estado en temas que le concierne a la Justicia.

Pabón de vacaciones
Este medio intentó obtener una versión de la Prefectura sobre la licencia sin sueldo de Pabón, que caducó el pasado domingo, pero no hubo respuesta.

EL DATO
A los implicados se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de rebelión, tras los hechos del paro de octubre.Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la institución recogió declaraciones del prefecto (e), Alexandro Tonello, donde informa que el Consejo Provincial de Pichincha concedió un período de vacaciones a la funcionaria, esto pese a que no cumple un año en sus funciones.

“La Prefecta no está asistiendo al Gobierno de Pichincha por razones ajenas a su voluntad”, dijo.

Ante esta posibilidad, el exprocurador, Gustavo Medina, dijo que “las vacaciones proceden cuando se ha cumplido un año de ejercicio del cargo. Es un derecho que se establece con la condición del paso del tiempo establecido en la Ley”. (FLC)

Misiva de Aguilar
° En una carta dirigida al prefecto subrogante de Pichincha, Alexandro Tonello, Ramiro Aguilar señala que, ante el llamado de la CIDH, “de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

En la misiva, el abogado adjuntó la Resolución del organismo internacional.

La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, analizan dos vías para encontrarle un revés a la medida de prisión preventiva que pesa en su contra.

Respaldados en las medidas de protección que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los tres políticos (donde no se incluye su liberación, sino que tengan seguridades y derechos), la mañana de ayer definieron los mecanismos para que los tres recuperen su libertad.

Cabe recordar que en el Gobierno de Rafael Correa, el exmandatario denostó las sugerencias de la CIDH.

Fausto Jarrín, abogado de González, y Ramiro Aguilar, defensor de Pabón y Hernández; presentaron en conjunto a la Corte Provincial de Pichincha un pedido de revocatoria de la prisión preventiva, la que deberá tramitarse mediante audiencia. Ese organismo deberá fijar fecha y hora para analizar si el pedido procede.

Jarrín no descartó interponer un recurso de Hábeas Corpus para que sea un Tribunal el que decida sobre la libertad de los procesados por un presunto delito de rebelión, relacionado con los acontecimientos del último paro nacional registrados en octubre pasado y que degeneraron en violentas manifestaciones.

Para Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, la medida cautelar que pesa sobre Pabón, Hernández y González debería mantenerse según los plazos establecidos en las respectivas audiencias.

El jurista aseguró que lo expuesto por la CIDH no tiene carácter de vinculante, es decir, el Estado está en la libertad o no de acoger las medidas cautelares.

‘Mesa de concertación’
Otra de las vías que los abogados analizan es una “mesa de concertación de medidas cautelares”. Ayer, Jarrín y Aguilar entregaron en la Cancillería un documento donde solicitan una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Gobierno y Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, para Rodríguez esta “mesa de concertación” no tendría cabida, pues representaría una injerencia del Estado en temas que le concierne a la Justicia.

Pabón de vacaciones
Este medio intentó obtener una versión de la Prefectura sobre la licencia sin sueldo de Pabón, que caducó el pasado domingo, pero no hubo respuesta.

EL DATO
A los implicados se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de rebelión, tras los hechos del paro de octubre.Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la institución recogió declaraciones del prefecto (e), Alexandro Tonello, donde informa que el Consejo Provincial de Pichincha concedió un período de vacaciones a la funcionaria, esto pese a que no cumple un año en sus funciones.

“La Prefecta no está asistiendo al Gobierno de Pichincha por razones ajenas a su voluntad”, dijo.

Ante esta posibilidad, el exprocurador, Gustavo Medina, dijo que “las vacaciones proceden cuando se ha cumplido un año de ejercicio del cargo. Es un derecho que se establece con la condición del paso del tiempo establecido en la Ley”. (FLC)

Misiva de Aguilar
° En una carta dirigida al prefecto subrogante de Pichincha, Alexandro Tonello, Ramiro Aguilar señala que, ante el llamado de la CIDH, “de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

En la misiva, el abogado adjuntó la Resolución del organismo internacional.

La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, analizan dos vías para encontrarle un revés a la medida de prisión preventiva que pesa en su contra.

Respaldados en las medidas de protección que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los tres políticos (donde no se incluye su liberación, sino que tengan seguridades y derechos), la mañana de ayer definieron los mecanismos para que los tres recuperen su libertad.

Cabe recordar que en el Gobierno de Rafael Correa, el exmandatario denostó las sugerencias de la CIDH.

Fausto Jarrín, abogado de González, y Ramiro Aguilar, defensor de Pabón y Hernández; presentaron en conjunto a la Corte Provincial de Pichincha un pedido de revocatoria de la prisión preventiva, la que deberá tramitarse mediante audiencia. Ese organismo deberá fijar fecha y hora para analizar si el pedido procede.

Jarrín no descartó interponer un recurso de Hábeas Corpus para que sea un Tribunal el que decida sobre la libertad de los procesados por un presunto delito de rebelión, relacionado con los acontecimientos del último paro nacional registrados en octubre pasado y que degeneraron en violentas manifestaciones.

Para Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, la medida cautelar que pesa sobre Pabón, Hernández y González debería mantenerse según los plazos establecidos en las respectivas audiencias.

El jurista aseguró que lo expuesto por la CIDH no tiene carácter de vinculante, es decir, el Estado está en la libertad o no de acoger las medidas cautelares.

‘Mesa de concertación’
Otra de las vías que los abogados analizan es una “mesa de concertación de medidas cautelares”. Ayer, Jarrín y Aguilar entregaron en la Cancillería un documento donde solicitan una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Gobierno y Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, para Rodríguez esta “mesa de concertación” no tendría cabida, pues representaría una injerencia del Estado en temas que le concierne a la Justicia.

Pabón de vacaciones
Este medio intentó obtener una versión de la Prefectura sobre la licencia sin sueldo de Pabón, que caducó el pasado domingo, pero no hubo respuesta.

EL DATO
A los implicados se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de rebelión, tras los hechos del paro de octubre.Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la institución recogió declaraciones del prefecto (e), Alexandro Tonello, donde informa que el Consejo Provincial de Pichincha concedió un período de vacaciones a la funcionaria, esto pese a que no cumple un año en sus funciones.

“La Prefecta no está asistiendo al Gobierno de Pichincha por razones ajenas a su voluntad”, dijo.

Ante esta posibilidad, el exprocurador, Gustavo Medina, dijo que “las vacaciones proceden cuando se ha cumplido un año de ejercicio del cargo. Es un derecho que se establece con la condición del paso del tiempo establecido en la Ley”. (FLC)

Misiva de Aguilar
° En una carta dirigida al prefecto subrogante de Pichincha, Alexandro Tonello, Ramiro Aguilar señala que, ante el llamado de la CIDH, “de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

En la misiva, el abogado adjuntó la Resolución del organismo internacional.

La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, analizan dos vías para encontrarle un revés a la medida de prisión preventiva que pesa en su contra.

Respaldados en las medidas de protección que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los tres políticos (donde no se incluye su liberación, sino que tengan seguridades y derechos), la mañana de ayer definieron los mecanismos para que los tres recuperen su libertad.

Cabe recordar que en el Gobierno de Rafael Correa, el exmandatario denostó las sugerencias de la CIDH.

Fausto Jarrín, abogado de González, y Ramiro Aguilar, defensor de Pabón y Hernández; presentaron en conjunto a la Corte Provincial de Pichincha un pedido de revocatoria de la prisión preventiva, la que deberá tramitarse mediante audiencia. Ese organismo deberá fijar fecha y hora para analizar si el pedido procede.

Jarrín no descartó interponer un recurso de Hábeas Corpus para que sea un Tribunal el que decida sobre la libertad de los procesados por un presunto delito de rebelión, relacionado con los acontecimientos del último paro nacional registrados en octubre pasado y que degeneraron en violentas manifestaciones.

Para Jorge Rodríguez, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, la medida cautelar que pesa sobre Pabón, Hernández y González debería mantenerse según los plazos establecidos en las respectivas audiencias.

El jurista aseguró que lo expuesto por la CIDH no tiene carácter de vinculante, es decir, el Estado está en la libertad o no de acoger las medidas cautelares.

‘Mesa de concertación’
Otra de las vías que los abogados analizan es una “mesa de concertación de medidas cautelares”. Ayer, Jarrín y Aguilar entregaron en la Cancillería un documento donde solicitan una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Gobierno y Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, para Rodríguez esta “mesa de concertación” no tendría cabida, pues representaría una injerencia del Estado en temas que le concierne a la Justicia.

Pabón de vacaciones
Este medio intentó obtener una versión de la Prefectura sobre la licencia sin sueldo de Pabón, que caducó el pasado domingo, pero no hubo respuesta.

EL DATO
A los implicados se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el supuesto delito de rebelión, tras los hechos del paro de octubre.Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la institución recogió declaraciones del prefecto (e), Alexandro Tonello, donde informa que el Consejo Provincial de Pichincha concedió un período de vacaciones a la funcionaria, esto pese a que no cumple un año en sus funciones.

“La Prefecta no está asistiendo al Gobierno de Pichincha por razones ajenas a su voluntad”, dijo.

Ante esta posibilidad, el exprocurador, Gustavo Medina, dijo que “las vacaciones proceden cuando se ha cumplido un año de ejercicio del cargo. Es un derecho que se establece con la condición del paso del tiempo establecido en la Ley”. (FLC)

Misiva de Aguilar
° En una carta dirigida al prefecto subrogante de Pichincha, Alexandro Tonello, Ramiro Aguilar señala que, ante el llamado de la CIDH, “de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

En la misiva, el abogado adjuntó la Resolución del organismo internacional.