José Valencia califica de ‘subjetivo’ a informe de Michelle Bachelet

FUNCIONARIO. José Valencia, canciller del Ecuador.
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A través de un comunicado, José Valencia, canciller de Ecuador, respondió al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet, sobre el paro nacional que tuvo lugar del 3 al 13 de octubre.

Dicho organismo pidió que se investiguen supuestas “detenciones arbitrarias durante las manifestaciones”. Además, desglosó denuncias de aparente uso excesivo de la fuerza policial.

En la carta a Bachelet, Valencia señala que el informe no da el mismo espacio “al gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados”.

El funcionario desmintió el supuesto uso excesivo de la fuerza. “La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la Ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales”.

Además, Valencia calificó las apreciaciones del comunicado como subjetivas, pues “no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos”.

Reacciones
José Ayala Lasso, excanciller, apoya la respuesta de Valencia. “Obviamente los gobiernos tienen que defender su proceder (…) la respuesta obedece a hechos que todos los ecuatorianos constatamos: una gran violencia de los que hacían la manifestación, infiltrados o conducidos por una minoría pero que hicieron grandes destrozos”.

55%
de los comparecientes fue de la sociedad civil.

21%
fue de ciudadanos y 20% de autoridades. Ayala Lasso destaca que el Gobierno respondió “con lo poco que tenía. Nunca llegó al empleo de armas letales y más bien esa timidez o relativa timidez de las fuerzas del orden dio lugar para que se las ofendiera”.

Por su parte, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, dice que le llama la atención que luego de ‘abrirle las puertas’ a la Alta Comisionada se cuestione el informe.

“Resaltó (del informe de Bachelet) la necesidad imperante de crear comisiones transparentes para determinar con claridad la verdad”.

Martínez señala que la Alta Comisionada, más allá de los actos vandálicos o la destrucción de bienes, basa su criterio sobre los estatutos de los Derechos Humanos. “Hay que analizar suficientemente el uso desproporcionado de la fuerza”, concluyó. (AVV)

Legislativo prepara su documento
° Que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía durante el paro nacional de octubre, y que se registraron hechos vandálicos podrían ser dos conclusiones a las que llegue la Comisión Ocasional que analiza los hechos que marcaron la jornada de protestas de octubre.

La Mesa Legislativa sesionó ayer para conocer el informe preliminar de 170 páginas. En el documento se resumen 56 comparecencias, en las que participaron 74 personas del Gobierno Nacional, de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos; la mayoría de Quito. Sus declaraciones fueron contrastadas con documentos que ingresaron al expediente.

Un equipo técnico de asesores elaboró el documento, que “evidencia absolutamente todo”, según la secretaria de la Comisión. El texto estará listo hasta el domingo, mientras los legisladores incluirán las recomendaciones y conclusiones el lunes cuando se reinstale la sesión.

“Hay que mostrar la verdad completa”, ratificó Héctor Yépez (CREO), uno de los integrantes de la Comisión, quien cree que se debe dejar constancia en el informe de que “hubo mucha violencia de lado y lado”. Por eso, a su criterio, una de las conclusiones debe ser “el llamado al diálogo y a la educación para la paz”.

Según el informe preliminar, los comparecientes creen que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a la integridad física, a la propiedad privada, a la protesta y a la vida, en ese orden.

Por eso, según Yépez, el objetivo del informe es presentar la postura de la Asamblea y un relato completo. Una vez que el informe pase al Pleno y sea aprobado se entregará a diferentes instituciones de control. (AGO)

A través de un comunicado, José Valencia, canciller de Ecuador, respondió al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet, sobre el paro nacional que tuvo lugar del 3 al 13 de octubre.

Dicho organismo pidió que se investiguen supuestas “detenciones arbitrarias durante las manifestaciones”. Además, desglosó denuncias de aparente uso excesivo de la fuerza policial.

En la carta a Bachelet, Valencia señala que el informe no da el mismo espacio “al gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados”.

El funcionario desmintió el supuesto uso excesivo de la fuerza. “La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la Ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales”.

Además, Valencia calificó las apreciaciones del comunicado como subjetivas, pues “no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos”.

Reacciones
José Ayala Lasso, excanciller, apoya la respuesta de Valencia. “Obviamente los gobiernos tienen que defender su proceder (…) la respuesta obedece a hechos que todos los ecuatorianos constatamos: una gran violencia de los que hacían la manifestación, infiltrados o conducidos por una minoría pero que hicieron grandes destrozos”.

55%
de los comparecientes fue de la sociedad civil.

21%
fue de ciudadanos y 20% de autoridades. Ayala Lasso destaca que el Gobierno respondió “con lo poco que tenía. Nunca llegó al empleo de armas letales y más bien esa timidez o relativa timidez de las fuerzas del orden dio lugar para que se las ofendiera”.

Por su parte, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, dice que le llama la atención que luego de ‘abrirle las puertas’ a la Alta Comisionada se cuestione el informe.

“Resaltó (del informe de Bachelet) la necesidad imperante de crear comisiones transparentes para determinar con claridad la verdad”.

Martínez señala que la Alta Comisionada, más allá de los actos vandálicos o la destrucción de bienes, basa su criterio sobre los estatutos de los Derechos Humanos. “Hay que analizar suficientemente el uso desproporcionado de la fuerza”, concluyó. (AVV)

Legislativo prepara su documento
° Que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía durante el paro nacional de octubre, y que se registraron hechos vandálicos podrían ser dos conclusiones a las que llegue la Comisión Ocasional que analiza los hechos que marcaron la jornada de protestas de octubre.

La Mesa Legislativa sesionó ayer para conocer el informe preliminar de 170 páginas. En el documento se resumen 56 comparecencias, en las que participaron 74 personas del Gobierno Nacional, de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos; la mayoría de Quito. Sus declaraciones fueron contrastadas con documentos que ingresaron al expediente.

Un equipo técnico de asesores elaboró el documento, que “evidencia absolutamente todo”, según la secretaria de la Comisión. El texto estará listo hasta el domingo, mientras los legisladores incluirán las recomendaciones y conclusiones el lunes cuando se reinstale la sesión.

“Hay que mostrar la verdad completa”, ratificó Héctor Yépez (CREO), uno de los integrantes de la Comisión, quien cree que se debe dejar constancia en el informe de que “hubo mucha violencia de lado y lado”. Por eso, a su criterio, una de las conclusiones debe ser “el llamado al diálogo y a la educación para la paz”.

Según el informe preliminar, los comparecientes creen que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a la integridad física, a la propiedad privada, a la protesta y a la vida, en ese orden.

Por eso, según Yépez, el objetivo del informe es presentar la postura de la Asamblea y un relato completo. Una vez que el informe pase al Pleno y sea aprobado se entregará a diferentes instituciones de control. (AGO)

A través de un comunicado, José Valencia, canciller de Ecuador, respondió al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet, sobre el paro nacional que tuvo lugar del 3 al 13 de octubre.

Dicho organismo pidió que se investiguen supuestas “detenciones arbitrarias durante las manifestaciones”. Además, desglosó denuncias de aparente uso excesivo de la fuerza policial.

En la carta a Bachelet, Valencia señala que el informe no da el mismo espacio “al gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados”.

El funcionario desmintió el supuesto uso excesivo de la fuerza. “La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la Ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales”.

Además, Valencia calificó las apreciaciones del comunicado como subjetivas, pues “no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos”.

Reacciones
José Ayala Lasso, excanciller, apoya la respuesta de Valencia. “Obviamente los gobiernos tienen que defender su proceder (…) la respuesta obedece a hechos que todos los ecuatorianos constatamos: una gran violencia de los que hacían la manifestación, infiltrados o conducidos por una minoría pero que hicieron grandes destrozos”.

55%
de los comparecientes fue de la sociedad civil.

21%
fue de ciudadanos y 20% de autoridades. Ayala Lasso destaca que el Gobierno respondió “con lo poco que tenía. Nunca llegó al empleo de armas letales y más bien esa timidez o relativa timidez de las fuerzas del orden dio lugar para que se las ofendiera”.

Por su parte, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, dice que le llama la atención que luego de ‘abrirle las puertas’ a la Alta Comisionada se cuestione el informe.

“Resaltó (del informe de Bachelet) la necesidad imperante de crear comisiones transparentes para determinar con claridad la verdad”.

Martínez señala que la Alta Comisionada, más allá de los actos vandálicos o la destrucción de bienes, basa su criterio sobre los estatutos de los Derechos Humanos. “Hay que analizar suficientemente el uso desproporcionado de la fuerza”, concluyó. (AVV)

Legislativo prepara su documento
° Que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía durante el paro nacional de octubre, y que se registraron hechos vandálicos podrían ser dos conclusiones a las que llegue la Comisión Ocasional que analiza los hechos que marcaron la jornada de protestas de octubre.

La Mesa Legislativa sesionó ayer para conocer el informe preliminar de 170 páginas. En el documento se resumen 56 comparecencias, en las que participaron 74 personas del Gobierno Nacional, de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos; la mayoría de Quito. Sus declaraciones fueron contrastadas con documentos que ingresaron al expediente.

Un equipo técnico de asesores elaboró el documento, que “evidencia absolutamente todo”, según la secretaria de la Comisión. El texto estará listo hasta el domingo, mientras los legisladores incluirán las recomendaciones y conclusiones el lunes cuando se reinstale la sesión.

“Hay que mostrar la verdad completa”, ratificó Héctor Yépez (CREO), uno de los integrantes de la Comisión, quien cree que se debe dejar constancia en el informe de que “hubo mucha violencia de lado y lado”. Por eso, a su criterio, una de las conclusiones debe ser “el llamado al diálogo y a la educación para la paz”.

Según el informe preliminar, los comparecientes creen que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a la integridad física, a la propiedad privada, a la protesta y a la vida, en ese orden.

Por eso, según Yépez, el objetivo del informe es presentar la postura de la Asamblea y un relato completo. Una vez que el informe pase al Pleno y sea aprobado se entregará a diferentes instituciones de control. (AGO)

A través de un comunicado, José Valencia, canciller de Ecuador, respondió al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet, sobre el paro nacional que tuvo lugar del 3 al 13 de octubre.

Dicho organismo pidió que se investiguen supuestas “detenciones arbitrarias durante las manifestaciones”. Además, desglosó denuncias de aparente uso excesivo de la fuerza policial.

En la carta a Bachelet, Valencia señala que el informe no da el mismo espacio “al gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados”.

El funcionario desmintió el supuesto uso excesivo de la fuerza. “La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la Ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales”.

Además, Valencia calificó las apreciaciones del comunicado como subjetivas, pues “no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos”.

Reacciones
José Ayala Lasso, excanciller, apoya la respuesta de Valencia. “Obviamente los gobiernos tienen que defender su proceder (…) la respuesta obedece a hechos que todos los ecuatorianos constatamos: una gran violencia de los que hacían la manifestación, infiltrados o conducidos por una minoría pero que hicieron grandes destrozos”.

55%
de los comparecientes fue de la sociedad civil.

21%
fue de ciudadanos y 20% de autoridades. Ayala Lasso destaca que el Gobierno respondió “con lo poco que tenía. Nunca llegó al empleo de armas letales y más bien esa timidez o relativa timidez de las fuerzas del orden dio lugar para que se las ofendiera”.

Por su parte, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, dice que le llama la atención que luego de ‘abrirle las puertas’ a la Alta Comisionada se cuestione el informe.

“Resaltó (del informe de Bachelet) la necesidad imperante de crear comisiones transparentes para determinar con claridad la verdad”.

Martínez señala que la Alta Comisionada, más allá de los actos vandálicos o la destrucción de bienes, basa su criterio sobre los estatutos de los Derechos Humanos. “Hay que analizar suficientemente el uso desproporcionado de la fuerza”, concluyó. (AVV)

Legislativo prepara su documento
° Que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía durante el paro nacional de octubre, y que se registraron hechos vandálicos podrían ser dos conclusiones a las que llegue la Comisión Ocasional que analiza los hechos que marcaron la jornada de protestas de octubre.

La Mesa Legislativa sesionó ayer para conocer el informe preliminar de 170 páginas. En el documento se resumen 56 comparecencias, en las que participaron 74 personas del Gobierno Nacional, de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos; la mayoría de Quito. Sus declaraciones fueron contrastadas con documentos que ingresaron al expediente.

Un equipo técnico de asesores elaboró el documento, que “evidencia absolutamente todo”, según la secretaria de la Comisión. El texto estará listo hasta el domingo, mientras los legisladores incluirán las recomendaciones y conclusiones el lunes cuando se reinstale la sesión.

“Hay que mostrar la verdad completa”, ratificó Héctor Yépez (CREO), uno de los integrantes de la Comisión, quien cree que se debe dejar constancia en el informe de que “hubo mucha violencia de lado y lado”. Por eso, a su criterio, una de las conclusiones debe ser “el llamado al diálogo y a la educación para la paz”.

Según el informe preliminar, los comparecientes creen que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a la integridad física, a la propiedad privada, a la protesta y a la vida, en ese orden.

Por eso, según Yépez, el objetivo del informe es presentar la postura de la Asamblea y un relato completo. Una vez que el informe pase al Pleno y sea aprobado se entregará a diferentes instituciones de control. (AGO)