Pueblo Sarayaku exige retiro de explosivos de su territorio

RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)
RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)
RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)
RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)
RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)
RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)
RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)
RITUAL. Sarayacus antes de ingresar a la CorteIDH, en 2011. (Foto: Archivo)

El pueblo de Sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza, presentó en la Corte Constitucional una demanda contra el Estado ecuatoriano por incumplimiento.

En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada al concesionar el Bloque petrolero 23 a la empresa argentina CGC.

Según Mirian Cisneros, presidenta de Sarayaku, parte de la sentencia obligaba el retiro de explosivos colocados en ese territorio o su neutralización, y a la realización de consultas antes de realizar nuevos proyectos petroleros en su territorio. “Años atrás violaron los derechos a la vida, los territorios comunales del pueblo Sarayaku por lo que se debe dar atención a esta situación”, dijo.

Mario Melo, abogado del pueblo indígena, aseguró que en ese territorio están colocados 1.476 kilos de pentolita en más de 400 puntos. “Han pasado siete años y el Estado ha incumplido con estas medidas”, señaló Melo.

Cisneros agregó que con esos explosivos se pone en riesgo a los indígenas de su territorio en una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Según la dirigente, lo que se cumplió de la sentencia fue la reparación económica que se entregó tres meses después del dictamen del organismo internacional, así como las disculpas públicas del Gobierno de ese entonces. (HCR)

El pueblo de Sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza, presentó en la Corte Constitucional una demanda contra el Estado ecuatoriano por incumplimiento.

En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada al concesionar el Bloque petrolero 23 a la empresa argentina CGC.

Según Mirian Cisneros, presidenta de Sarayaku, parte de la sentencia obligaba el retiro de explosivos colocados en ese territorio o su neutralización, y a la realización de consultas antes de realizar nuevos proyectos petroleros en su territorio. “Años atrás violaron los derechos a la vida, los territorios comunales del pueblo Sarayaku por lo que se debe dar atención a esta situación”, dijo.

Mario Melo, abogado del pueblo indígena, aseguró que en ese territorio están colocados 1.476 kilos de pentolita en más de 400 puntos. “Han pasado siete años y el Estado ha incumplido con estas medidas”, señaló Melo.

Cisneros agregó que con esos explosivos se pone en riesgo a los indígenas de su territorio en una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Según la dirigente, lo que se cumplió de la sentencia fue la reparación económica que se entregó tres meses después del dictamen del organismo internacional, así como las disculpas públicas del Gobierno de ese entonces. (HCR)

El pueblo de Sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza, presentó en la Corte Constitucional una demanda contra el Estado ecuatoriano por incumplimiento.

En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada al concesionar el Bloque petrolero 23 a la empresa argentina CGC.

Según Mirian Cisneros, presidenta de Sarayaku, parte de la sentencia obligaba el retiro de explosivos colocados en ese territorio o su neutralización, y a la realización de consultas antes de realizar nuevos proyectos petroleros en su territorio. “Años atrás violaron los derechos a la vida, los territorios comunales del pueblo Sarayaku por lo que se debe dar atención a esta situación”, dijo.

Mario Melo, abogado del pueblo indígena, aseguró que en ese territorio están colocados 1.476 kilos de pentolita en más de 400 puntos. “Han pasado siete años y el Estado ha incumplido con estas medidas”, señaló Melo.

Cisneros agregó que con esos explosivos se pone en riesgo a los indígenas de su territorio en una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Según la dirigente, lo que se cumplió de la sentencia fue la reparación económica que se entregó tres meses después del dictamen del organismo internacional, así como las disculpas públicas del Gobierno de ese entonces. (HCR)

El pueblo de Sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza, presentó en la Corte Constitucional una demanda contra el Estado ecuatoriano por incumplimiento.

En junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada al concesionar el Bloque petrolero 23 a la empresa argentina CGC.

Según Mirian Cisneros, presidenta de Sarayaku, parte de la sentencia obligaba el retiro de explosivos colocados en ese territorio o su neutralización, y a la realización de consultas antes de realizar nuevos proyectos petroleros en su territorio. “Años atrás violaron los derechos a la vida, los territorios comunales del pueblo Sarayaku por lo que se debe dar atención a esta situación”, dijo.

Mario Melo, abogado del pueblo indígena, aseguró que en ese territorio están colocados 1.476 kilos de pentolita en más de 400 puntos. “Han pasado siete años y el Estado ha incumplido con estas medidas”, señaló Melo.

Cisneros agregó que con esos explosivos se pone en riesgo a los indígenas de su territorio en una superficie de 20 kilómetros cuadrados. Según la dirigente, lo que se cumplió de la sentencia fue la reparación económica que se entregó tres meses después del dictamen del organismo internacional, así como las disculpas públicas del Gobierno de ese entonces. (HCR)