Daniel Márquez Soares
En economía y política, quedan ya muy pocas cosas en las que la gran mayoría de ecuatorianos estemos de acuerdo. La más popular de ellas, por mucho, es la dolarización. Ningún político, Ley o subsidio goza de una simpatía siquiera comparable a la que tiene el uso de la moneda norteamericana, sobre todo entre quienes recuerdan la convulsionada época del sucre. Así, es predecible que el Gobierno busque justificar medidas dolorosas apelando a la “defensa de la dolarización”; se trata de uno de los pocos intereses que aún nos une. Sin embargo, no deja de ser demagogia melodramática.
La dolarización no necesita nadie que la defienda. Puede vivir de la misma forma como nació: por voluntad ciudadana y sin apoyo del Gobierno. Mientras los ciudadanos solo quieran transar en dólares, la dolarización existirá. No se puede acabar con ella por decreto o a la fuerza. Por simples limitaciones logísticas, no hay gobierno que pueda obligar a sus ciudadanos a emplear una moneda que no quieren usar. Se requeriría para ello un policía (que seguramente cobraría en dólares) supervisando cada transacción comercial. Muchas veces sobreestimamos la capacidad operativa del Estado, pero a la larga no importa lo que un gobierno diga que va a hacer o lo que crea que se debe hacer. Lo que importa es apenas lo que puede hacer y, hoy por hoy, el Gobierno ecuatoriano no cuenta con la capacidad operativa para acabar con la dolarización.
La dolarización sobrevivirá. Lo que no es tan seguro que sobreviva es la configuración actual del Estado. El volumen del gasto público, la cantidad de empleados públicos, los subsidios, los sectores protegidos, la legislación laboral o el sistema tributario actuales resultan extremadamente difíciles y costosos de mantener en la situación actual. No es la gente la que está en problemas, sino el Estado y sus socios. Cuando el Gobierno habla de salvar la dolarización, en verdad está hablando de cómo conseguir que el Estado siga operando sin renunciar a sus distorsiones y excesos.
Lo único que podría terminar con la dolarización sería que los ecuatorianos llegaran a un consenso que rezara que es mejor tener política monetaria propia. Eso, al momento, es improbable y, por último, si llegara a suceder, sería legítimo y poco doloroso.