Diana Luzuriaga Vera
¿Qué tan conscientes somos los ciudadanos del poder que tenemos para la toma de decisiones? Siendo honestos, es mínimo. Sin embargo la sociedad va de apoco madurando en búsqueda de una democracia de más calidad, basada en exigencias cada vez más ambiciosas. Ya no es suficiente la periódica participación electoral, que otorga la posibilidad de pronunciarse sobre quienes deben gobernar hasta la siguiente cita en las urnas, ni siquiera es bastante la participación social que supone ser miembro de una asociación y acudir a sus actividades, apoyar manifiestos o asistir a reuniones colectivas.
La Constitución de la República del Ecuador establece distintos mecanismos para garantizar la participación ciudadana en temas de interés público: la iniciativa popular normativa (Art. 103), la consulta popular (Art. 104) y la revocatoria del mandato (Art. 105). Otros mecanismos como la silla vacía (Art. 101) y la participación de la ciudadanía en audiencias públicas, cabildos populares, veedurías, observatorios, entre otros (Art. 100), constituyen también parte de las alternativas de la sociedad.
El conocimiento pleno de estas herramientas y el empoderamiento de la ciudadanía haciendo uso responsable de ellas es fundamental, amerita crear una verdadera cultura de participación entre los responsables políticos, los funcionarios públicos y la sociedad en general. De esta manera las normas que nacen con el respaldo y consenso social son más próximas a lo que piensa la ciudadanía, porque la gente tiene la oportunidad de colaborar en su elaboración y entenderlas.
La actuación ciudadana es el motor de los procesos de cambio, por ende la participación organizada debe asegurar la vigencia del estado de derecho, en virtud de los principios de igualdad, equidad y justicia. “Quienes no se mueven no notan sus cadenas” RL.