El presidente Lenín Moreno dijo tajantemente que durante lo que resta de su mandato, no permitirá que Odebrecht vuelva a tener contratos con el Estado. Un día después el exdirectivo de la empresa brasileña, José Santos, confirmó en su testimonio anticipado por el caso de ‘Sobornos 2012-2016’, que había entregado 5,6 millones al movimiento oficialista de entonces, Alianza PAIS para sus campañas electorales.
El dinero iba en efectivo a manos de la cúpula de esa esa organización, y desde allí se hacía el reparto. Las dos declaraciones se veían venir. El cierre de las puertas gubernamentales, en justicia, debería darse también a las empresas nacionales y extranjeras que se investigan en este sonado caso. Desde luego, tanto emisores como receptores de dinero deberían pasar por los tribunales y, de ser hallados culpables, ir de cabeza a la cárcel.
El fenómeno de la corrupción es de tal magnitud en nuestra sociedad, que los fiscales deberían ser más exigentes a la hora de formular cargos y los jueces al sancionarlos. Esa podría ser una primera acción a favor de nuestra salud moral general. El “barrido” debe comenzar por casa.
Sin embargo, las coimas y los sobornos encontraron en el aparato legal nacional, las leyes vigentes y en ciertos sectores de la sociedad el terreno abonado para que la corrupción echara raíces, creciera y se expandiera. Nuestro sistema judicial estuvo (y tal vez está) sembrado de operadores que de alguna manera fueron cómplices del fenómeno. También varios de los Ejecutivos, desde el regreso a la democracia, participaron de una u otro forma en este drama que ahora ha desembocado en tragedia.