Gustavo Ortiz Hidalgo
La Constitución de 2008 creó la Función de Transparencia y Control Social, sostenida por una entidad central denominada “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” (Cpccs), que tiene la competencia aberrante de promover la participación ciudadana y el control social a través de funcionarios públicos, así como la designación de la totalidad de las autoridades de control del Estado, tanto administrativas como judiciales.
Recordemos que le bastó al expresidente Correa subordinar a sus intereses al arriba indicado Cpccs (integrado por sus muchachos de mando), para asumir todo el poder del Estado, instaurando un régimen autoritario y corrupto, jamás visto en la historia nacional, al menos en los últimos 40 años de retorno al régimen constitucional.
Es un deber de los ecuatorianos fortalecer nuestra endeble democracia y recuperar la institucionalidad que lo haga posible. El primer paso es la eliminación del Cpccs y trasladar las competencias nominadoras de las autoridades de control al Parlamento Nacional, como sucede en la mayoría de las democracias del mundo; no obstante, será necesario legislar para que exista una efectiva participación ciudadana en tales designaciones.
Eliminar el Cpccs de la estructura orgánica del Estado es solo el primer paso de una reforma política que permita garantizar la independencia de las «Funciones del Estado», la existencia de los “frenos y contrapesos” en el ejercicio del poder político y la designación transparente de autoridades de control imparciales; condiciones indispensables para evitar que se repita la nefasta «década perdida» del correísmo, caracterizada por la concentración y abuso de dicho poder político, así como por el secuestro de la superestructura jurídico-política por una secta mafiosa que llena de vergüenza a la nación ecuatoriana. (O)