Eduardo F. Naranjo C.
Tema extraño para muchos, sin embargo, vale recordar un poco sobre nuestra historia petrolera. Texaco era concesionaria de la explotación, pero fue absorbida por Chevron y todo el daño ambiental producido pasó a responsabilidad de la nueva organización.
En la explotación inicial de los campos como nadie veía el interior de la selva, fue dejando rastros mortales que en su momento reclamaron los más cercanos, las víctimas. Luego de muchas acusaciones incluyendo a la petrolera estatal, se logró que Texaco reconociera el daño y se acordó un plan de remediación que consistió en recoger el crudo de las piscinas y procesarlo para convertirlo en rentable, plan inconcluso que un gobierno conservador aceptó como cumplido a satisfacción, cuando en realidad no fue así.
La contaminación de las aguas provocó daños en la salud de numerosos habitantes que iniciaron un reclamo judicial, que fue creciendo y del que hay dudas debido a las acusaciones que emergieron sobre la fidelidad de los fallos dictados, lo que llevó la disputa por los abogados de los afectados a todas las instancias internacionales, donde el poder de la petrolera, también quedan dudas.
Chevron durante más de una década ha invertido recursos en una campaña mediática a nivel internacional. Si el reclamo se da por perdido, lo que debe quedar claro a los administradores gubernamentales honestos es que, en el futuro, toda acción de este tipo debe tener una estrategia válida que asegure el éxito en cualquier operación.
Este es un asunto que no parece tengamos a mano, puesto que al Gobierno solo llegan muchedumbres de oportunistas y no para servir, por eso tantos errores administrativos, desde las fases contractuales que no favorecen al Estado. Este es un alerta de una situación riesgosa con el inicio de la explotación minera.