Los votos de los legisladores del PSC, SUMA, la Bancada de Integración Nacional (BIN), la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), CREO e independientes no fueron suficientes para censurar a la exministra de Salud Verónica Espinosa, que ayer enfrentó un juicio político en el Pleno de la Asamblea.
Faltaron dos voluntades. Esto porque Alianza País decidió abstenerse en la votación.
Por eso hoy se hará un intento por conseguir los 91 votos que se requieren. El interpelante Raúl Tello (BADI) pedirá que se reconsidere la votación durante la convocatoria al juicio político en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación, prevista para las 09:30.
Al juicio político acudieron 116 legisladores, quienes al momento de definir su posición en los monitores, se tomaron su tiempo antes de presionar el botón. Alrededor de tres minutos duró la votación hasta que se proclamaron los resultados: 89 a favor y 27 abstenciones, principalmente de A. País.
“Estamos seguros de que en la sesión de mañana (hoy) estarán sobre los 130 legisladores. Allí plantearemos la reconsideración para que se revea la votación”, señaló Tello.
Razones
Más de seis horas duró el juicio político de Espinosa, quien se tomó la mitad del tiempo previsto en la Ley para su defensa y réplica, es decir, una hora y media. Mientras que los interpelantes sí ocuparon las dos horas previstas para las pruebas de cargo.
El informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendó con votación unánime (incluidos legisladores oficialistas) el juicio político, establecía dos causales para la censura de la exfuncionaria, quien estuvo al frente de la Cartera de Salud por dos años. Pero ayer se plantearon acusaciones adicionales.
Además de la distribución de kits de diagnóstico rápido del VIH con presuntas fallas y de falta de control del correcto funcionamiento del sistema de salud en Esmeraldas, se sumaron la adquisición de paracetamol líquido contaminado, la falta de actualización del cuadro básico de medicamentos, problemas en centros de salud y hospitales de varias provincias del país y supuesto mal uso de fondos públicos. (AGO)