Rodrigo Contero Peñafiel
Es indignante y repudiable que luego de la requisa legal a miles de documentos, así como de la información obtenida en las computadoras de exautoridades y funcionarios que estuvieron en las más altas esferas del anterior gobierno, se revele que por medio de la asociación ilícita se hayan cometido una serie de delitos en contra de la administración pública, por montos millonarios en grave perjuicio del pueblo ecuatoriano.
Jamás pensaron ser descubiertos por los operadores de justicia, ya que contaban con estrategias de ocultamiento y apoyos institucionales de primera línea. Las pruebas se respaldan en estudios y versiones de testigos, periodistas y autores de informes bien investigados y detallados, que los vuelven incontrovertibles. Esto conduce a la certeza sobre la perpetración de los delitos y sobre sus autores; responsabilidades que alcanzan al anterior mandatario y su equipo, hoy prófugos de la justicia y que afrontan varias causas penales.
Sin embargo, no rinden versiones ordenadas y se burlan en CNN de las hazañas y aventuras con el señor Assange en los Wikileaks. A la mayoría de la población nos queda la duda en la justicia y resulta necesario que se encuentre el domicilio del fugitivo y los sujetos responsables de las infracciones punibles cometidas durante la década dictatorial.
La Fiscal General sigue destacándose, lo reconocen en una revista internacional, mientras varios jueces dictan fallos desacertados y se oponen a ser evaluados por parte de una comisión de justicia cuyos representantes prometen actuar con imparcialidad.
Mas, hasta que se resuelva la remoción o ratificación en sus funciones, observamos jueces frenéticos y un forcejeo entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, que no aporta en nada positivo al Poder Judicial, deprimiendo aún más el panorama cuando el país reclama y solicita que se haga justicia.
Se ha propuesto eliminar al Consejo de la Judicatura, a fin de evitar pugnas e injerencias en los fallos, concursos dudosos y sanciones revertidas a varios jueces. El país no puede continuar con estos conflictos que favorece únicamente a los infractores.