Al cura Tuárez se le acerca el juicio final

Fiscalización. La decisión de continuar con el control político fue unánime.
Fiscalización. La decisión de continuar con el control político fue unánime.

Luego de 20 días de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició la sustanciación del juicio político propuesto contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), José Carlos Tuárez; de la vicepresidenta Rosa Chalá; y de los consejeros Victoria Desintonio y Walter Gómez, ayer se aprobó por unanimidad (9 votos) el informe que recomienda que el proceso continúe en el Pleno de la Asamblea, donde se decidirá si se los censura y destituye.

Luego de esta primera etapa donde se escucharon, analizaron y valoraron las pruebas de cargo y de descargo, a los legisladores integrantes de esta Mesa Legislativa no les quedó dudas de que las cuatro autoridades del CPC incumplieron sus funciones, sobre todo al haber conformado una comisión para que revise el proceso de selección de la Corte Constitucional, nombrado por el Consejo transitorio, desacatando así un dictamen de la propia Corte en el que establece que lo actuado por el transitorio no podía revisarse. Un aspecto fundamental que pesó al momento de recomendar el juicio político, es que los consejeros, en la sesión número cuatro de ese organismo, aprobaron la conformación de la comisión, y en la siguiente sesión no reconsideraron esa decisión, sino que, por la serie de medidas cautelares que se interpusieron, aprobaron que se retire ese punto del acta. “Al no contar con los votos (para la reconsideración) se inventaron esa figura de retirar una moción, que no existe en ninguna Ley ni reglamento con lo que claramente irrespetaron la Ley y el reglamento aprobado por el transitorio, por lo tanto hay incumplimiento de funciones”, comentó el legislador Daniel Mendoza (PAIS).

Por su parte, la presidenta de Fiscalización, Johanna Cedeño (PAIS), agregó que ha respetado el procedimiento contemplado en la Constitución y la Ley y se han garantizado el debido proceso y la presunción de inocencia de los consejeros. (HCR)

Hubo sesión
° La tarde de ayer, el Pleno del CPC realizó su sesión ordinaria. Había expectativa de la respuesta del organismo frente a lo sucedido en la Asamblea, tras la decisión de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político a los consejeros Tuárez (presidente), Chalá (vicepresidenta), Victoria Desintonio y Walter Gómez. El Pleno se reunió con normalidad y no hubo criterios sobre el tema hasta el cierre de esta edición.

Otro informe
° En el segundo juicio político que se propone contra Tuárez y Gómez ayer se escuchó los argumentos de Kléver Herrera, integrante de la comisión verificadora que el Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio nombró para la calificación de las candidaturas. Herrera dijo que en el informe que presentaron al pleno del CNE transitorio no se aprobó a Tuárez, ya que constaba con dos fichas de afiliación a organizaciones políticas, lo que es prohibido por la Ley. Agregó que Tuárez impugnó el informe y que su calificación fue una decisión del Pleno, entre cuyos integrantes constaban Diana Atamaint y José Cabrera, actuales autoridades electorales.

Se espera que los dos informes sean presentados al Pleno de la Asamblea para que la suerte de los consejeros se resuelva en una sola sesión.

Conclusiones
Primer informe

° Existen indicios de que José Carlos Tuárez, sacerdote dominico y presidente en funciones del Consejo, habría incurrido en falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio, con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para ser candidato a consejero.

° El haber incurrido Tuárez en la prohibición legal que no permite a representantes de cultos religiosos postularse como candidatos, ser designados ni desempeñarse como consejeros; y, sobre todo por estar cuestionada su probidad para cumplir sus funciones; tiene consecuencias negativas para la institucionalidad y credibilidad del Estado, en su carácter laico y en la autonomía de las decisiones por lo que el expediente debe ser remitido a la Contraloría, a fin de que audite el proceso de selección y elección de los miembros del CPC.

° Tuárez y los consejeros Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá incumplieron con una serie de normativas así como con el dictamen de la Corte Constitucional, al conformar la comisión para la revisión del proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional ejecutado por el Consejo transitorio; lo que constituye causal de juicio político.

° Al proceder a conformar la comisión, existen indicios de que Tuárez y los otros tres consejeros que votaron a favor, habrían incurrido en el cometimiento del delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 282 (incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente), por lo que corresponde el envío del expediente del juicio político a la Fiscalía.