Los integrantes de la Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más presentaron un pedido a la fiscal general, Diana Salazar, para que profundice una investigación sobre unos correos electrónicos que evidenciarían una injerencia en la justicia en el correísmo.
Llegaron con un informe que presentaron ante el Consejo de la Judicatura el 25 de febrero pasado. El documento contiene los procesos en los que, a criterio de la Mesa, hubo presiones.
Según Pablo Jácome, presidente del organismo, existen alrededor de 300 casos en donde supuestamente hubo fallos dictados para satisfacer al expresidente Correa.
Habló además que son alrededor de 495 los jueces que deberían ser investigados por sus procedimientos.
Al reclamo se sumó el asambleísta César Carrión, quien durante los hechos del 30-S era director del Hospital de la Policía, donde se dio el hecho. Según el legislador, todas las causas tramitadas por la revuelta policial deberían ser revisadas por Fiscalía.
También agregó que debería tramitarse una reparación integral para todos quienes fueron “encarcelados injustamente”.
Estas acciones las toman tras conocerse información que la Fiscalía halló en el computador de Laura Terán, exasistente de la Presidencia en el correato. De ese ordenador se extrajeron casi 12.000 correos electrónicos que intercambiaban Terán y su jefa, Pamela Martínez; mano derecha de Correa.
Las comunicaciones evidenciarían la vigilancia desde el Ejecutivo a causas que concernían al exmandatario. (FLC)