Acortar la brecha que existe entre los órganos de justicia y la ciudadanía fue uno de los objetivos mencionados durante la firma del Acuerdo Nacional 2030 para el Acceso a la Justicia por Una Vida Libre de Violencia.
Que las cifras sobre los niveles de agresiones de género son “tristes”, dijo el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, durante su exposición en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Ratificó, una vez más, que seis de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia.
Fiscalía, Consejo de la Judicatura (CJ), Corte Nacional de Justicia (CNJ), Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría Pública y el Ministerio de Inclusión fueron los organismos que firmaron el acuerdo.
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, comenzó su discurso recordando los nombres de ‘Martha’, ‘Carolina’, ‘Juliana’ y ‘Evelyn’, mujeres que sufrieron agresiones que, en algunos casos, terminaron enlutando familias.
La funcionaria informó que desde 2014 a la fecha hay un registro de 342 casos de femicidio; esto quiere decir, que cada tres días ocurre un caso de este delito a nivel nacional.
Maldonado anunció que, hasta fines de este año, el CJ entregará ocho Unidades Especializadas de Violencia contra la Mujer y Núcleo Familiar, que se sumarán a las 30 que ya están funcionando en el país.
Visión externa
Myriam Ernst, representante de la ciudadanía ante el Acuerdo 2030 para el Acceso a la Justicia por Una Vida Libre de Violencia, dijo que la especialización de los operadores de justicia es clave para un efectivo tratamiento de las causas.
“Todas las instancias deben tener un enfoque de género para que las víctimas no sientan que son discriminadas”, dijo.
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entidades públicas suscribieron ese convenio. Agregó que para que este acceso a la justicia sea completo, el sistema judicial debería implementar traductores para que la gente que no domine el español pueda formalizar sus denuncias. Además, dijo que en los procesos penales hay que evitar la revictimización.
Milena Almeida, directora del Instituto de Igualdad de Género de la Universidad Central, mira con optimismo la firma de este acuerdo. Ante las estadísticas de femicidios, la experta cree que el país atraviesa un estado de emergencia que llama a los organismos del Estado a trabajar en mecanismos de prevención.
Para Almeida, deben implementarse más casas de acogida para auxiliar a las víctimas de violencia de género y que el Estado debe promover un mecanismo único de registro de víctimas, para lograr tener una relación real de los casos sin que exista la necesidad de cotejarlos. “Es bastante grave cuando los registros policiales no colocan la causa del delito”, dijo. (FLC)