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Dos juicios políticos en marcha contra autoridades del Consejo de Participación Ciudadana

JUL, 18, 2019 |

Instancia. El CAL de la Asamblea Nacional sesionó con cinco de sus siete integrantes.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó por unanimidad (5 votos) dos de las tres solicitudes de juicio político que se presentaron en la Asamblea en contra de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. 

La primera solicitud aprobada fue la presentada por los legisladores Jeannine Cruz (CREO) y Raúl Tello (Unidos por Pastaza) en contra de cuatro consejeros: José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá. Un segundo proceso aceptado es el interpuesto por el asambleísta Fabricio Villamar (Ahora) en contra de Tuárez. La tercera solicitud, presentada por Tello en contra de Tuárez y Gómez, será conocida en una próxima sesión del CAL, ya que hasta ayer no había el informe de la Unidad de Técnica Legislativa.
 

Los argumentos 
El legislador Patricio Donoso (CREO), segundo vicepresidente de la Asamblea e integrante del CAL, manifestó que las solicitudes aprobadas cumplieron con los requisitos que exige la normativa, como el número de firmas de respaldo, su autenticidad, y el anuncio de la totalidad de la prueba. 

EL DATO
Hoy el CPC sesionará a partir de las 15:00.
Por su parte la asambleísta Ana Belén Marín (PAIS), vocal del CAL, manifestó que la resolución adoptada será remitida a la Comisión de Fiscalización, donde decidirán si unifican los dos juicios políticos o si se complementan. El propósito de los legisladores es que el proceso concluya antes del receso legislativo, previsto para para el 12 de agosto. 

Tuárez, en su cuenta Twitter (@jcarlostuarez) expuso: “Por defender al Ecuador de las injusticias e ilegalidades me enjuician y me persiguen. No claudicaré ni tengo miedo, estoy con Dios y con mi gente”. (HCR)

Otro bloqueo al Consejo
° En la sesión del 10 de julio el pleno del Consejo de Participación Ciudadano conoció un informe jurídico donde se concluye que se debe dar por terminado el encargo de Defensor Público, realizado por el organismo transitorio, en la persona de Ángel Torres Machuca, y en su lugar encargar la institución a quien ostente el más alto puntaje y categoría de Defensor Público. La decisión final quedó pendiente hasta que se emita un informe completo en materia jurídica. Sin embargo, la asambleísta Isabel Verdezoto interpuso una medida cautelar  en contra del Consejo que fue aceptada. Por decisión judicial, se dispone la suspensión provisional de todos los actos que emita el Consejo en los cuales se pretenda nombrar un nuevo Defensor Público General, sin que se agote el proceso de selección correspondiente.

Cruz y Tello contra Tuárez, Gómez, Desintonio y Rosa Chalá 
°  Causal: Incumplimiento de funciones, desacato a un dictamen de la Corte Constitucional. Con voto de mayoría de los consejeros se creó una comisión para revisar el proceso administrativo de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional. En la resolución del Consejo de Participación Ciudadana se estableció la conformación de una comisión especializada integrada por Edwin Tapia, Daniel Ruiz, José Fabara y Jorge Soza. Los proponentes del juicio político argumentan que los funcionarios han trabajado para desacatar lo actuado por los jueces constitucionales, con el objetivo de desconocer decisiones legítimas de autoridad competente. 

Solicitud de Villamar contra Tuárez
° Primera causal. Prohibición legal que impide a los representantes de cultos religiosos desempeñarse como consejeros. Tuárez es sacerdote dominico con permiso de exclaustración. 

Segunda causal. No cumplir con sus atribuciones de investigar sobre actos u omisiones que afecten la participación ciudadana o generen corrupción.

Tercera causal. Irse contra la ética laica contemplada en los principios generales de la Ley que rige el organismo, la que garantiza el accionar libre de toda presión o influencia preconcebida y toda creencia confesional, por parte del Estado y sus funcionarios. Además, por afectar la independencia, lo que afecta la credibilidad y confianza del Consejo.

Cuarta causal. Por carecer de probidad necesaria para cumplir las funciones de transparencia que le corresponden, al haber presentado certificados que presuntamente no corresponden a la realidad.

Tello contra Tuárez y Gómez 
° Causal. Contra Tuárez por incumplimiento de funciones al negarse a entregar información cuando compareció a la Comisión, donde debía explicar denuncias en su contra por presuntos documentos alterados para su candidatura. También por falta de probidad notoria para el ejercicio de sus funciones como presidente del Consejo. Contra Gómez por presunto proselitismo político, prohibido por la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.  Esta solicitud está en trámite.

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