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Tres instancias de control investigan al Consejo de Participación Ciudadana

JUL, 15, 2019 |

CONSEJO. Cuatro de siete autoridades son investigados en diferentes organismos.

La Contraloría General del Estado, la Fiscalía y la Asamblea son las instancias donde se investiga de una u otra manera al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs, ver recuadros). Específicamente los que están inmersos en estos procesos son los consejeros de mayoría: Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio y José Carlos Tuárez. 

Para María Gabriela Alvear, coordinadora de Diálogo Diverso, es una demostración de que se trata de un Consejo que nació con vicios de legalidad y legitimidad, por lo que a la larga debería desaparecer. “El Consejo de Participación Ciudadana tiene problemas internos, una pésima administración, una pésima gestión anterior, un pésimo inicio de gestión y se requiere un cambio”, manifestó.

Por su parte, el constitucionalista José Chalco afirma que la Contraloría es quien investigará responsabilidades administrativas; la Fiscalía responsabilidades penales y la Asamblea responsabilidades políticas. 

Chalco manifiesta que el efecto inmediato de un juicio político sería la destitución de las autoridades. Pero aclara que las causales deben estar bien identificadas y ajustadas en la Constitución, ya que no se puede motivar una interpelación con base en presuntos documentos falsos para la presentación de candidatura, que sería más bien de investigación en el ámbito penal. 

El especialista asegura que un motivo sólido para una posible censura y destitución es que el Consejo nombró una comisión para que revise el proceso administrativo de selección de la Corte Constitucional. “Este sí es un acto inconstitucional, una causal para el juicio político porque está violando un dictamen que estableció la Corte, en virtud del cual el Consejo de Participación no goza ni tiene competencias extraordinarias como tuvo el Transitorio”, manifestó. 
 

Otros criterios  

EL DATO
Se responsabiliza a Tuárez de incurrir en la prohibición legal establecida en el numeral 10 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que no permite ser consejero a los representantes de cultos religiosos.
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, presentó en la Fiscalía una denuncia penal en contra de Tuárez, presidente del Consejo. Mañana, a las 14:30 deberá presentarse a reconocer la firma. La dirigente gremial dijo que puso la demanda, ya que es necesario investigar a fondo todos los casos de corrupción para que no queden en la impunidad, y que no puede estar liderando el Consejo de Participación alguien a quien se le ha denunciado por, presuntamente, haber adulterado documentos para que califiquen su candidatura. 

Con tres instancias de control atrás de ese organismo, el consejero Walter Gómez recurre a conocidas expresiones para desvirtuar todos esos procesos. “Dicen que cuando los perros ladran, es porque vamos avanzando; dicen que cuando el río suena, es porque piedras trae. Significa que estamos siendo la piedra en el zapato para mucha gente que ha cometido ilegalidades”. (HCR)  

En la Asamblea 
° Ya está presentada la solicitud de juicio político en contra de José Carlos Tuárez, presidente del Cpccs. Lo impulsa el legislador Fabricio Villamar (independiente). Otro proceso de interpelación contra el religioso estará a cargo del asambleísta Raúl Tello (Unidos por Pastaza) que incluirá al consejero Walter Gómez. La solicitud con las firmas de respaldo se presentará esta semana. Además, se llamará a comparecer ante la Comisión de Participación Ciudadana a la consejera Rosa Chalá. 

En Fiscalía
° El 11 de julio dio inicio la investigación previa en contra de los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá, José Carlos Tuárez y Victoria Desintonio por haber incurrido, presuntamente, en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

Presentaron las acusaciones los legisladores Jeannine Cruz (CREO) y Raúl Tello (Unidos por Pastaza); el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García; y el director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana. 

Además, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, presentó una acusación en contra de Tuárez. El reconocimiento de firmas se realizará mañana.

En Contraloría 
° Con fecha 2 de julio, el contralor Pablo Celi dispuso un examen especial al proceso de postulaciones, verificación de requisitos y calificación de los aspirantes al Cpccs, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y 30 de junio de 2019 en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y entidades relacionadas. Hay una solicitud para que se analice la declaración de bienes de José Carlos Tuárez, presidente del Cpccs, así como a su declaración de inhabilidades. 
 

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