LA HORA, EFE
La situación en La Merced de Buenos Aires se volvió prácticamente incontrolable. Informes oficiales dan cuenta de los conflictos que se viven en la zona minera del cantón Urcuquí, que obligaron al Presidente Lenín Moreno a tomar medidas radicales, como un Estado de Excepción, que rige desde ayer.
Más de dos millares de policías y militares desplegaron en la madrugada de este martes un operativo en contra de la minería ilegal en la provincia andina de Imbabura, pocas horas después de decretarse el estado de excepción.
La Ministra del Interior, María Paula Romo, indicó en una rueda de prensa que el operativo inició alrededor de las 04:30 hora local en la zona de la parroquia La Merced de Buenos Aires, ubicada en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura.
Según la funcionaria, esa parroquia tiene unos 1.800 habitantes, pero en la zona de montaña donde se desarrolla la minería ilegal, calculan que hay «miles de personas asentadas, dedicadas a actividades ilegales», no solamente a la minería ilegal, a la que se refirió como una «amenaza multidimensional».
Entre los delitos que han identificado en la zona, mencionó «algunas muertas violentas», explotación laboral y sexual, así como trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación y contrabando.
El operativo de seguridad, en el que también participaron delegados de la Fiscalía, se desarrolló después de que el jefe de Estado, presidente Lenín Moreno, decretara el lunes el estado de excepción por sesenta días. La medida se adoptó «por grave conmoción interna» en la parroquia La Merced de Buenos Aires, «por los constantes hechos de violencia registrados».
Amparado en la Constitución, Moreno emitió el Decreto 812, “declarando el Estado de Excepción por grave conmoción interna en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, de la provincia de Imbabura, por los constantes hechos de violencia registrados en la mencionada zona”.
Esta decisión implica, entre otras cosas, la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población que reside en el área de extensión que corresponde a la parroquia.
La medida se sustenta en los constantes hechos de violencia registrados en la zona, que el decreto dice “han escalado a un alto nivel de intensidad y de afectación a los derechos de sus habitantes y a la seguridad del Estado, a fin de controlar la situación de inseguridad y violencia, restablecer el orden y garantizar los derechos de las personas que habitan en dicha zona”.
Se dispone, además, la movilización en todo el territorio nacional hacia Urcuquí, de tal manera que todas las entidades de la administración pública central e institucional, en especial la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Agencia de Regulación y Control Minero coordinen esfuerzos, en el marco de sus competencias, con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para restablecer el orden, la seguridad y el acceso efectivo a los derechos de las personas que habitan el lugar.
En cuanto a seguridad, se dispuso a la Policía Nacional el control de armas de modo permanente durante la vigencia del Decreto Ejecutivo, en la zona dentro del Estado de Excepción. Así como la determinación de horarios de circulación restringida, bajo responsabilidad de las entidades encargadas de la ejecución de la medida.
Violencia y más delitos
Entre los últimos hechos violentos registrados en la zona minera de Buenos Aires, cuatro heridos fueron reportados hace una semana y un fallecido fue encontrado el lunes anterior. A eso se suma otro cadáver hallado el último fin de semana.
Mineros consultados por La Hora sobre la situación en la zona, coincidieron en que militares y policías ingresan a la parroquia, pero solo hasta ciertos sectores de la cabecera parroquial.
“Están entrando a veces hasta ‘La Visera’, la ‘Y’, al pueblo, con excepción del día que fueron a bajar a las personas heridas. Pero de ahí no han ingresado más. ‘Arriba’ no hay control. Allá no existen. El Estado no tiene control porque se sigue en la misma situación”, mencionaron.
Por parte del Gobierno, se conoció que el 28 de marzo de 2019 recibieron información de inteligencia sobre un grupo armado en el sector.
Se afirma, en el documento gubernamental, además que se ha reconocido la presencia de más de 10.000 personas que realizan actividades de minería ilegal en Buenos Aires, “situación que, a su vez, se encuentra directamente relacionada con grupos armados, bandas delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, intimidación, delitos contra la propiedad, entre otros, que afectan directamente la integridad de los habitantes así como la seguridad del Estado”.
Por otra parte, dan cuenta de que en el primer semestre de 2019 se han registrado 27 hechos violentos que han afectado la integridad física de los habitantes de la zona, “entre los cuales se encuentra una muerte violenta por arma de fuego, muerte violenta por arma blanca, fallecido por deslizamiento de tierra, herido por riñas, entre otros”. (RI)
CIFRA
27 hechos violentos en Buenos Aires reconoce el Gobierno en los primeros seis meses del 2019, entre los que se incluyen muertes y riñas.