A la espera de que se restablezcan las visitas en la Penitenciaría del Litoral y se empiecen a notar los resultados de la emergencia en el sistema carcelario, estos días, familiares han denunciado casos de personas que, con boleta de libertad, no han podido salir de prisión y otras situaciones. Para Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), mientras más se extiendan las restricciones y el aislamiento, el ambiente al interior de las cárceles se complicará.
El panorama repite patrones que ya se habían visto en otras épocas cuando el acceso a los centros se restringió, incluso, para las organizaciones de Derechos Humanos que apoyaban en programas de rehabilitación. Navarrete cuenta que, desde 2007, no hay posibilidades ni siquiera para observar si se cumple con los tratados y normas de calidad de vida de los reclusos.
TOME NOTA
El 13 de junio, a las 16:00, en la Casa de los Misioneros Combonianos de Guayaquil se realizará el ‘Diálogo sobre personas en prisión y sus familias’. Por eso, el activista menciona que es hora de que la sociedad civil se reactive y deje a un lado la indiferencia de tantos años. En las próximas semanas se realizarán actividades para hablar sobre las experiencias de organizaciones en cárceles, tomando en cuenta que algunas de ellas como la ‘Confraternidad Carcelaria’ tenían iniciativas valiosas, pero se disolvieron por el bloqueo del Gobierno anterior.
Reactivación
Acerca de la crisis en las cárceles, Inredh ha sido otra de las organizaciones que se ha pronunciado constantemente para que la solución sea técnica e integral. Su presidenta Mónica Vera ha hecho un llamado en varias ocasiones para que otras agrupaciones se unan a este pedido y den seguimiento también al cumplimiento de la disposición de la Corte Constitucional que consideró “innecesaria la suspensión del derecho a la libertad de información”, que se menciona en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 754.
El Dato
En 2002, se destacaba que de 500 presos que estuvieron en los programas de la ‘Confraternidad Carcelaria’ solo tres volvieron a prisión. La organización se disolvió.
La Corte además atribuyó la obligación de vigilar las medidas a la Defensoría del Pueblo. Esta institución ya se ha pronunciado sobre el tema pero su actuación no ha sido muy notoria.
En años anteriores, la institución no tuvo la “voluntad política” de reclamar la falta de acceso, menciona Navarrete. Dice que la organización a la que pertenece fue testigo de bloqueos a representantes que no se denunciaron. Y, a pesar de que Ecuador se suscribió a la Convención contra la Tortura en 2011, recién en septiembre de 2015 se emitió el protocolo para las visitas a las diferentes instituciones, entre esas, las cárceles.
Con respecto al Mecanismo de Prevención de la Tortura, a cargo de la Defensoría del Pueblo, el informe de 2018 del CDH consideró que “es un instrumento limitado en su capacidad operativa y atribuciones ante los controles dispuestos por Ministerio del Interior en centros carcelarios” y señaló que “debe incluir espacio consultivo y vínculo entre Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (ahora Secretaría de Derechos Humanos), Ministerio del Interior y organizaciones de la sociedad civil para el tratamiento de violaciones a los Derechos Humanos”.
Según Navarrete, el problema no va a terminar mientras se siga pensando que el contacto con el mundo exterior es un premio, cuando es un derecho. Señala que el aislamiento no solo lo viven los presos, también sus familiares sufren y se alejan por las revisiones invasivas. (PCV)