Hoy, a partir de las 13:00, y por más de 7 horas, en las instalaciones de la Corte Constitucional en Quito, se llevó a cabo la audiencia para iniciar el trámite de una posible consulta popular presentada por Wilmer Manuel Meneses Ibarra, procurador común de comuneros de la parroquia de Jijón y Caamaño, cantón Mira, provincia del Carchi.
Esta consulta, cuyo dictamen de admisibilidad es responsabilidad de la Corte Constitucional (CC) tiene la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Camaño, Goaltal?
EL DATO
En las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Camaño, Goaltal se ubican más de una decena de concesiones mineras, entre las que se encuentra el proyecto Cascabel, uno de los más grandes y con reservas de cobre, oro y plata.En esta audiencia se presentaron casi 50 ponentes entre representantes políticos, gremiales, comuneros, colegios profesionales, organizaciones, empresas mineras, juristas y académicos.
Por ejemplo, Wilmer Manuel Meneses Ibarra – Ab. Jaime Bayas (Procurador Común de comuneros pertenecientes a las parroquias de Jijón y Caamaño, Carolina, Lita y Goaltal). Álvaro Castillo, Alcalde de Ibarra; Arnaldo Cuacés Quelal, Alcalde de Espejo; Jhonny Garrido, Alcalde de Mira. José Yépez Dávila, Presidente de la Cámara de Minería de Ecuador; Pablo Agustín Zambrano Albuja, Presidente Ejecutivo Cámara de Industrias y de la Producción; Juan Francisco Guerrero, Compañía INV minerales del Ecuador S.A; Yaku Pérez Guartambel, Prefecto del Azuay y Presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones indígenas; Harold Burbano y Manuel Defás Mora, Defensoría del Pueblo; Alberto Acosta, persona Natural, entre otros.
El 27 de mayo anterior, el juez constitucional Agustín Grijalva Jiménez dictó una providencia para que se realice esta audiencia. Y hasta el próximo viernes 7 de junio, a las 16:30, terminará el plazo para que personas u organizaciones que no intervinieron puedan presentar por escrito sus ponencias sobre el tema.
Luego de eso, la Corte Constitucional tendrá 5 días para presentar su dictamen sobre la legalidad y constitucionalidad de la pregunta.
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería, explicó que el pedido de consulta es inconstitucional porque un tema como la minería, con repercusiones nacionales, no se puede definir con una decisión local de alrededor de 8.000 habitantes de las 4 parroquias de Imbabura y Carchi.
Por su parte, Yaku Pérez, prefecto de Azuay, pidió a la Corte que se permitan todas las consultas que sean necesarias, porque de lo contrario se estaría vulnerando derechos a la vida y al agua.
El constitucionalista, Rafael Oyarte, comentó que la consulta de 2018 ya delimitó claramente en donde se puede o no se puede hacer actividad minera; además explicó que no se puede prohibir una actividad como la minería, que está permitida en la misma constitución de la República. (JS)