El presidente, Lenín Moreno, demandó “una investigación profunda” a las revelaciones de que Alianza PAIS, para su campaña presidencial cuando participó con Jorge Glas como binomio, habría recibido aportes de instituciones públicas y empresas privadas, principalmente constructoras.
La declaración la hizo a través de su cuenta de Twitter, un día después de que se publicara en los portales digitales La Fuente y Mil Hojas una investigación titulada ‘¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?’, en la que se detalla las personas que habrían estado a cargo de la gestión de aportes y de la coordinación de los pagos.
“Una sola publicación de prensa no es suficiente para establecer la verdad, pero la verdad plena debe brillar”, insistió Moreno en la red social, quien dijo desconocer cualquier presunta irregularidad.
“Si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña, de ninguna manera fue con mi conocimiento, y mucho menos con mi consentimiento. Las personas mencionadas deben prestar toda su colaboración para determinar la veracidad de lo afirmado”, agregó.
Posibles implicaciones
En la nueva investigación de Christian Zurita y Fernando Villavicencio se reveló que el exprefecto de Pichincha Gustavo Baroja, su sucesora Paola Pabón y Glas habrían liderado el esquema, en el que se incluye el presunto uso de fondos públicos para la campaña, lo cual podría derivar en una investigación por peculado, según los autores de la publicación.
El abogado penalista Pablo Encalada coincide. “Lo gravísimo es que hay instituciones públicas que hacen aportes, por lo que hay presunciones serias de que se trata de un peculado. Contraloría debería entrar a analizar los aportes”, explicó.
Según la Ley, para que Fiscalía inicie una instrucción fiscal por peculado se requiere de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, aunque Encalada señala que Fiscalía sí podría iniciar una indagación previa de oficio. El peculado, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, se sanciona con cárcel de 10 a 13 años, cuando los servidores públicos “abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados”.
Gravedad
La investigación periodística señala que la Secretaría de la Reconstrucción de Esmeraldas y Manabí habría entregado 350 mil dólares; la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), 1,5 millones en un solo desembolso con billetes de 100 dólares, y los exprefectos de Los Ríos y Manabí, 350 mil y 800 mil en efectivo, respectivamente.
EL DATO
Quien supuestamente gestionaba los aportes de las entidades públicas era el exprefecto de Pichincha Gustavo Baroja.Los aportes de la Secretaría, para Zurita, “tal vez sea lo más escandaloso porque es un dinero relacionado con visiones éticas de comprender el dolor humano del Ecuador con respecto del terremoto”.
A su criterio, existiría mayor facilidad para investigar el uso de recursos de esa entidad, a diferencia de lo entregado por la Senain, a través del fondo de gastos especiales. “Es posible que esos respaldos ya se hayan quemado”, señaló. Mientras que “va a ser muy fácil identificar cómo ese dinero (de las prefecturas) pudo haberse entregado, porque va a haber un faltante”.
Zurita y Villavicencio tienen la información disponible, que será entregada a la Fiscalía si se les llegara a solicitar. En la primera investigación publicada por ellos, denominada ‘Arroz Verde’, la fiscal general, Diana Salazar, les pidió la documentación, tras lo cual se abrió una investigación por la que ahora están procesadas dos personas. (AGO)