“En la nueva Política se incorporan dos ejes fundamentales para el desarrollo responsable de la minería en el país: Sostenibilidad Social y Ambiental y Regulación, Control y Combate a la minería ilegal”, dijo el ministro de Energía, Carlos Pérez, al hablar de la minería ilegal.
El funcionario se refirió al caso de Buenos Aires en Imbabura, donde afirmó que hay “guerrilla, armas, prostitución, inseguridad, trata de personas” y son unos pocos los beneficiados. Para erradicar esto se apoyarán en los ministerios del Interior y Ambiente.
El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, por su parte, reconoció que toda actividad deja consecuencias ambientales, pero que “lo importante es reducirlas a la mínima expresión o remediarlas durante o después de la explotación”. De esta manera, acotó, se abre la puerta para los empresarios honestos. “Donde hay minerales habrá minería”.
Consultas antimineras
Yaku Pérez, prefecto del Azuay, anunció que en la primera sesión del Consejo Provincial que se instalará dentro de los próximos 15 días, se presentará el petitorio para que se convoque a una consulta popular, para “prohibir la minería en fuentes de agua no solo en un cantón, sino en toda la provincia del Azuay”.
Luego de la aprobación en el Consejo, la propuesta irá a la Corte Constitucional y al CNE (Consejo Nacional Electoral). “A finales de este mes podríamos estar llamando a la ciudadanía al proceso”, añadió.
También aseveró que “en realidad nuestra posición es categórica, en fuentes de agua, en páramos, humedales, en zonas de descarga hídrica, ningún tipo de minería, ni pequeña, ni mediana, ni mega, ni formal ni informal”. (JS)