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Irregularidades en la Judicatura de la emergencia correísta

MAY, 17, 2019 |

DISEÑO. La consultoría inicial para el Complejo Judicial Norte, en Quito, no pudo ser aplicada.

Los contratos de consultorías que realizó el Consejo de la Judicatura (CJ) de transición (2011-2013) para los diseños, la fiscalización y la construcción de unidades judiciales en 17 provincias presentaron varias irregularidades. Además, provocaron que los productos no fueran utilizados, que se generaran retrasos en el cierre de contratos y que se pagara por productos “incompletos y con inconsistencias”. 

Esos son los resultados de un examen que realizó la Contraloría, en el periodo entre el primero de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2018, que fueron presentados ayer en la lectura del borrador. 

Esas consultorías fueron realizadas durante la emergencia en el sistema judicial que decretó el expresidente Rafael Correa. La Contraloría halló que “no se cumplió con el objetivo de la emergencia”, debido a los retrasos.

Aquí los hallazgos de la Contraloría, que además determinó que los directores generales del CJ, los administradores de contratos y otros funcionarios no tomaron acciones oportunas y aprobaron trabajos incompletos. (AGO)

Complejos judiciales en Quito 
° La legalización del terreno de 3.736 metros cuadrados, donado por el Ministerio del Interior a la Judicatura, para la construcción del Complejo Judicial Norte, se demoró 580 días. Los estudios y diseños estuvieron incompletos y con inconsistencias, por lo que el CJ pagó 742.171 dólares por productos no aplicables. 

Hubo inconsistencias en la consultoría: los rubros del presupuesto no concordaron con los valores de los planos; un estudio de mecánica de suelos estableció dos subsuelos, mientras el diseño arquitectónico, cuatro, y hubo ausencia de análisis de precios unitarios. La liquidación del contrato se demoró 1.234 días, desde la suscripción el 28 de agosto de 2012. 

Por otro lado, en el Complejo de Quitumbe se inició sin un terreno legalizado; se demoró 477 días en regularizar el predio. Los estudios tenían inconsistencias. Además, hubo un cambio en el dimensionamiento en función del número de funcionarios, por lo cual no se hizo la entrega completa de la consultoría. 

La Judicatura pagó 268.025 dólares y cerró el contrato después de 1.134 días, desde el 28 de diciembre de 2016, cuando se hicieron los cambios de dimensionamiento. En los dos casos, ninguna de las consultorías “sirvieron como insumo para ningún tipo de construcción”.
 

Complejo Judicial de Esmeraldas 
° Se realizó la consultoría sin que existiera la propiedad del terreno. El Consejo de la Judicatura pagó un anticipo de 165.004 dólares por productos no aplicables porque se cambió el sitio de la obra. La Policía donó el predio, pero era uno diferente al señalado en los términos de referencia del contrato. Se le fijó una multa al contratista de 11.880 dólares, que debe pagar, además de la devolución del anticipo. El caso está en mediación y arbitraje. Hubo 2.033 días de demora en el fin del contrato y se hizo una inadecuada aplicación de los costos indirectos. 
 

Unidad Judicial en El Ángel (Carchi) 
°  El Consejo de la Judicatura pagó 33.155 dólares por estudios incompletos y con inconsistencias. El contrato se adjudicó el 10 de enero de 2011. La Contraloría identificó que los planos no tenían autorización de las autoridades de control y que fueron necesarios cambios estructurales de arquitectura porque los planos no concordaban con el suelo. Además, que el cierre del contrato tomó 2.062 días, cuando el plazo era de 15. 
 

Unidades judiciales en Manabí 
° Los diseños para las unidades judiciales en los cantones Manta, Montecristi, Santa Ana y Pichincha estaban incompletos y con inconsistencias. La Judicatura pagó 292.301 dólares por productos cuyas especificaciones técnicas estaban incompletas, y los análisis de precios unitarios y el presupuesto tenían inconsistencias. Solo la unidad de Pichincha se realizó con los diseños contratados. El contrato se firmó el 17 de mayo de 2012 y se cerró 1.008 días desde la suscripción, cuando el plazo era de 60 días. 


Unidad Judicial de Machala 
° No existió un predio legalizado hasta el fin del examen especial, el 30 de septiembre de 2018. Se aprobaron los pliegos de referencia sin considerar que el terreno de 5.000 metros cuadrados no estaba a nombre de la institución, por lo que no había un predio para ejecutar el contrato. Se pagó 166.474 dólares, el 75% del valor del total. El contrato se cerró tras 1.902 días desde el inicio, el 18 de septiembre de 2012. 
 

Otros hallazgos 
Del documento

 

° Edificio judicial Puerto Francisco de Orellana
El contrato no cumplió con los plazos previstos y el objetivo de la emergencia, puesto que se cerró 896 días después de la fecha de inicio, 3 de agosto de 2012, cuando el plazo era de 60 días. 

° 8 convenios para pagos de rubros nuevos
En las unidades judicial de Yantzaza, Santo Domingo, Mira, Pichincha (Manabí), Olmedo, Vinces, Portoviejo y Balsas se obligó a rediseñar ambientes e ingenierías, por lo que no se implementaron acciones para contar con la certificación presupuestaria y fueron necesarios los convenios de pago. 

° Análisis de precios unitarios 
El Consejo de la Judicatura pagó 46.661 dólares tras la adjudicación de contratos a contratistas cuyos análisis de precios unitarios eran inconsistentes. Las propuestas no tenían especificaciones técnicas ni firmas de responsabilidad. 

° Unidades judiciales con áreas de servicio abandonadas y sin uso
En Balsas, Mira, Pichincha, Vinces y Pueblo Nuevo no se consideró en los términos de referencia el número real de funcionarios para cada área, lo que provocó que se encuentren abandonadas y sin uso. 


 

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