La fiscal general, Diana Salazar, en su primera intervención en una audiencia desde que asumió el cargo, acusó a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña como autora del delito de concusión, penado con uno a cinco años de cárcel, y le solicitó al juez nacional Iván Saquicela que la llame a juicio.
Ayer se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Durante unas cinco horas, la Fiscal y la defensa de Vicuña expusieron argumentos de porqué el proceso debía o no pasar a una audiencia de juzgamiento.
Saquicela resolvió primero un error de procedimiento que expuso la abogada de Vicuña, Ana María Ontaneda, sobre la acusación particular presentada por la Procuraduría.
A pesar del pedido de que no se aceptara la acusación, el Juez dio paso indicando que hubo errores de la institución, pero que la Justicia no podía ser sacrificada por elementos de forma.
Continuó la audiencia y Salazar enumeró los 34 elementos de convicción en contra de Vicuña, para sustentar su teoría: que la procesada, cuando ejerció como asambleísta, entre 2009 y 2015, exigió el pago de contribuciones a sus colaboradores, como condición para mantenerse en sus trabajos. Esos aportes supuestamente eran para la organización Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
La tesis fiscal
El exasesor de Vicuña, Ángel Sagbay, señaló en una declaración juramentada que habría sido obligado a pagar 300 dólares para acceder al cargo de asistente administrativo y después 1.200, para ascender a asesor 1. Este relato fue recogido en la denuncia del político Andrés Páez, con la que inició la investigación.
Dentro de la instrucción fiscal, dijo Salazar, se identificaron 48 transferencias de la cuenta de Sagbay a las cuentas personales de Vicuña, por 23.300 dólares. “Dinero exigido por su jefa inmediata, como condición para mantener su posición”.
También señaló que hubo ingresos de otros dos colaboradores, Carla Obando y Diego Riofrío, por montos de 14.650 y 5.345 dólares, respectivamente. Ellos afirmaron en su versión que aportaban voluntariamente. Sin embargo, según Salazar “no hay conciencia de que un funcionario público no tiene que recibir nada de un empleado”.
No se conoce qué fin tuvo ese dinero, explicó la fiscal, porque ABA no es una organización política reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no tiene RUC ni cuenta bancaria. Además, que no maneja contabilidad, ni registro de los aportes y que Vicuña no consta como tesorera dentro de ABA.
Finalmente, señaló que en un informe pericial contable-financiero se estableció que Vicuña tuvo ingresos, entre 2011 y 2016, por 590.628,99 dólares, pero que no declaró al SRI sobre el monto total, existiendo una diferencia no declarada de 189.583,79 dólares.
La tesis de la defensa
Ontaneda contradijo los elementos presentados por Fiscalía, argumentando que no hay indicios que configuren el delito, por lo que el juez debería dictar el sobreseimiento de Vicuña.
Señaló que 16 colaboradores de Vicuña en la Asamblea afirmaron haber entregado aportes voluntarios a ABA, depositados en su cuenta. “Todos son coincidentes, concordantes. ¿Cómo puede ser que los 16 no tenían una conciencia de que podían o no aportar a un funcionario público?”, cuestionó.
EL DATO
La Fiscal solicitó la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de las cuentas por un valor de 173.180,16 dólares. Estos aportes, según la abogada, no fueron ordenados ni exigidos, sino entregados en función de la ideología, según su disponibilidad. “No es fija, ni constante, ni de un mismo valor”. Así, Sagbay no aportó varios meses y no fue separado de su cargo, dijo.
Señaló también que ABA es una organización política de hecho, “al amparo de la libre asociación”, que se autofinancia con los aportes de sus adherentes, para dictar charlas, talleres y asambleas, y pagar la sede en Guayaquil, entre otros gastos.
Que el 20 de noviembre de 2010, Vicuña fue señalada por la directiva nacional como parte de la Comisión de Finanzas y que Sagbay, según fotografías y los registros de su red social Twitter, era amigo de Vicuña, a quien le publicitaba y respaldaba.
Finalmente, con la lectura de los mensajes enviados por Sagbay a un empleado de la Vicepresidencia, entre febrero y noviembre de 2018, dijo que fue él quien habría extorsionado a Vicuña al insistirle que le ayudara con un trabajo, hasta que le mencionó que Páez y los correístas le estaban buscando y que viera un reportaje de Teleamazonas, donde se expusieron los hechos, lo cual provocó su renuncia.
Al culminar las intervenciones, el Juez suspendió la audiencia y dará a conocer su resolución el próximo martes. (AGO)