Correa sería el chef del arroz verdeflex

Caso. Documentos del  informe ‘Receta Arroz Verde 502’ develarían que el expresidente sabía todo. (Archivo/EFE)
Caso. Documentos del informe ‘Receta Arroz Verde 502’ develarían que el expresidente sabía todo. (Archivo/EFE)

Fernando Villavicencio, quien junto a Christian Zurita Ron, realizó la investigación titulada ‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron Presidente en Ecuador’, explicó a Diario La Hora que dentro del informe llamado ‘Receta Arroz Verde 502’ existe documentación que prueba que las dos exasesoras presidenciales (actualmente con prisión preventiva) actuaron bajo precisas directrices de Rafael Correa, expresidente de la República.

“Existen facturas, documentación, cuadros de Excel y correos electrónicos dentro de ese expediente. En esos correos electrónicos se detalla claramente que las dos exasesoras presidenciales actuaron, en todo momento, cumpliendo órdenes directas de Correa. Él lo sabía todo”, dijo.

Además recalcó que esto es completamente lógico porque, tanto Pamela Martínez y Tania Terán, cumplían funciones de asistencia para la máxima autoridad del país y no tenía autonomía para tramar una red de coimas y cobros ilegales.

“El expresidente sabía todo lo que hacían sus asesoras. El plan fue creado y supervisado desde las más altas esferas del Estado”, acotó.

Finalmente, Villavicencio llamó la atención sobre el hecho de que Correa y sus afines están intentando posicionar la idea de que todo fue un sistema de donaciones voluntarias. “Nada más alejado de la realidad. Esto fue un complejo y completo sistema de sobornos, donde se configuran delitos de delincuencia organizada, colusión, lavado de activos, e incluso irregularidades de orden electoral”, concluyó.

Al respecto de este último aspecto, Diana Salazar, fiscal general, envió ayer un exhorto o impulso fiscal a Alianza PAIS para que, en el plazo máximo de 48 horas, remita: copia de aportes y donaciones de campaña, detalles de ingresos entre 2013 y 2014, y nombres de los responsables.

Empresas allanadas
En el primer reporte, cuya evidencia sustentó la investigación previa y la apertura ayer de la instrucción fiscal -que durará 90 días- se menciona a 12 empresas, entre nacionales y extranjeras, vinculadas al esquema de sobornos como paso previo a adjudicarse contratos con el Estado.

Dos de esas empresas, Copec S.A y Sanrib Corporation S.A (Asesoría en Comunicación y Relaciones Públicas) fueron ya allanadas por la Fiscalía. La primera era beneficiaria de algunos contratos estatales, pero en la web de la Superintendencia de Compañías no se registra ninguna sociedad con esa razón social.

Con respecto a Sanrib, la Fiscalía identificó un inmueble como vivienda de Laura Terán, una de las dos exasesoras detenidas. El principal accionista de esta empresa es Bolívar Sánchez Ribadeneira, que según la investigación periodística es un personaje clave en la trama de corrupción, debido a que actuó como puente entre las empresas nacionales y extranjeras y Alianza PAIS.

11,6
millones en coimas y cobros ilegales habrían sido recaudados, entre 2013 y 2014, a través de Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís.Las 12 firmas mencionadas, hasta el momento, en el esquema de sobornos y cobros ilegales son: Consermin, Equitesa, Mercantil Técnica Córdova Cía Ltda, Fopeca, Constructora Nacional, Semaica, Constructora del Pacífico, Hidalgo& Hidalgo, Sinohydro, Telconet, Mode Ibérica Cía Ltda y Botris C. Ltda.

Sin embargo, Villavicencio aseguró que son muchas más; al igual que legisladores y otros funcionarios públicos. “Entre jueves y viernes de esta semana saldrá la segunda parte de la investigación”, añadió.

El exvicepresidente de la República, León Roldós, dijo que se espera una investigación seria devele toda la trama y sancione a los responsables. “La información reciente es un golpe duro para Correa, que como siempre buscará deslindar responsabilidades. Esperemos que se pueda probar toda su participación”, concluyó. (JS)

Desde la Asamblea
° Tras la investigación ‘Receta Arroz Verde 502’, saltaron los nombres de las legisladoras Viviana Bonilla y Doris Soliz. Bonilla, a través de sus redes sociales, respondió a las acusaciones indicando que: “Se investigue lo que se tenga que investigar. Todos los gastos de campaña a la Alcaldía (2014) fueron reportados al CNE”. Por su parte, Soliz también respondió a través de sus redes sociales indicando que cuando ella fue directora ejecutiva de Alianza PAIS, durante el período mayo 2014 a abril de 2017, ella solo participó de la campaña del presidente Lenín Moreno. “La supuesta denuncia se refiere a las elecciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y son a esos candidatos a los que se deben entrevistar. Y para ser serios deberían analizarse todos los partidos”, expuso.

Magistrados investigados por lavado de activos
° La Fiscalía, con el sustento en informes generados por la UAFE, inició, a mediados de 2018, una investigación por lavado de activos contra Pamela Martínez y otros 9 magistrados constitucionales: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Viteri Olvera y Antonio Gagliardo Loor. El motivo principal es que se detectaron, en sus cuentas, movimientos financieros y “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales. En 2018, una investigación periodística ya vinculaba a la empresa Nexo Global, relacionada con Pamela Martínez, su esposo (Jimmy Salazar) y otros familiares, con transferencias y pagos realizados por Odebrecht.

Contraloría evaluará aportes a PAIS
° Pablo Celi, contralor subrogante, explicó que la competencia del órgano a su cargo es revisar las cuentas de los partidos políticos, siempre y cuando procedan de fondos públicos. “En el caso de la trama denunciada de sobornos, los fondos serían privados, y en ese caso, la investigación corresponde a la Fiscalía”, dijo. Además puntualizó que la Contraloría podría auditar la forma como el CNE controló recursos provenientes de fuera y dentro del Estado para la financiación de PAIS.

Corte Constitucional se pronuncia
° En un comunicado oficial, la Corte Constitucional (CC) deploró “que la corrupción haya sido una práctica generalizada, y que ésta se inicie en las más altas esferas de Gobierno”. Sobre la vinculación de Pamela Martínez, exvicepresidenta del organismo hasta agosto de 2018, se recordó que una de las primeras acciones de la nueva Corte fue dar por terminado, de manera unilateral, el contrato de arrendamiento de la sede en Guayaquil, que se lo mantenía con el Colegio de Abogados de esa ciudad. El presidente de ese organismo era el esposo de Martínez. “La vinculación de Martínez en la trama de corrupción empaña aún más la labor de esa administración. Fiscalía y Contraloría deben investigar a los involucrados en su paso por la función pública, y sancionarlos de acuerdo a derecho”, dice la CC.