El número de personas que viven aún en las tierras de la empresa Furukawa Plantaciones es cercano a mil. Todas están a la espera de respuestas que acaben con las condiciones de explotación laboral, en las que han vivido las últimas décadas y este 21 de abril se terminará la clausura de 60 días que impuso el Ministerio de Trabajo a la corporación, que llegó al país en 1963.
Si la empresa ha cumplido con las 31 recomendaciones que emitió la Defensoría del Pueblo podría retomar sus actividades, pero solo con 200 empleados que están en nómina.
TOME NOTA
La campaña de donaciones para las familias afectadas continúa. Se puede entregar comida no perecible en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Flacso y en las oficinas de Cedhu. Nathaly Yépez, abogada de los afectados de la ‘Asociación Esperanza y Nuevo Amanecer’ explica que se ha dividido a los trabajadores en tres grupos que requieren diferentes medidas. A parte de quienes sí tienen contrato y viven fuera de las haciendas, están los que viven adentro sin un vínculo laboral: la mitad de ellos quiere legalizar su trabajo y seguir con los propietarios y la otra mitad apartarse totalmente.
Según Yépez, para el miércoles 24 de abril está confirmada la segunda reunión de la mesa de diálogo que se implementó para que los representantes de Furukawa y los trabajadores puedan llegar a acuerdos con respecto a la liquidación que les corresponde. Ese día también se tienen previstas reuniones con la ministra de Inclusión Social, Berenice Cordero, y el nuevo Defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Una de las propuestas de las familias de obreros que trabajaban con la fibra de abacá es que la deuda se les pague en parcelas de tierra. El monto sería más de 6 millones de dólares, lo cual equivaldría a al menos mil hectáreas. Sobre el caso se han pronunciado la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional. (PCV)