POR: Laura Benítez Cisneros
En los últimos días, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio presentó datos alarmantes de corrupción en su informe, que aún imperan en la educación y salud, como secuelas del anterior régimen. Hoy le tocó a la educación y salud, especialmente en las áreas de construcción y en los contratos realizados de las obras públicas, que han pagado sobreprecios en algunas escuelas del milenio y en algunos hospitales del país.
Los montos señalados en el informe del Consejo hablan de cifras millonarias que se hurtaron tanto en la educación como en la salud. Esa es una de las razones porque en nuestros hospitales y dispensarios médicos no cuentan con los suficientes medicamentos para poder atender a las necesidades de nuestros usuarios y nuestra gente enferma que requiere de ellos.
El gobierno anterior, a través de las dos ministras de Salud que están fuera del país, contrató a una empresa china que había sido proscrita por sus prácticas fraudulentas y corruptas en varios países del mundo.
El informe es aún más grave, que para cancelar estas fraudulentas obras se había constituido un fideicomiso con el IESS, robando de esta manera para este fin los dineros de los afiliados.
Los ecuatorianos deberíamos pedir al Estado, por la magnitud del problema de corrupción denunciada, que debería ser investigado de urgencia este caso por la nueva Fiscal del Estado, y que se debería sancionar a los más de novecientos casos de corrupción que siguen durmiendo en el olvido, esperando ser desempolvados y llevados ante la justicia para que reciban sentencia.
En cuanto a la educación, sabemos de las escuelas emblemáticas del milenio, que hoy se encuentran abandonadas en algunos sectores de nuestra Costa ecuatoriana, sin haberles dado el uso necesario y con un mobiliario completo.