Rodriogo Santillán Peralbo
El expresidente Correa se negó a pagar la deuda de alrededor de 2.600 millones de dólares al IESS, por su cuenta y riesgo quitó el 40% a las pensiones jubilares, obligó a comprar bonos del Estado a largo plazo y bajo interés, hizo del IESS caja chica de su gobierno, obligó a prestar atenciones de salud a los cónyuges e hijos menores de 18 años de los afiliados, excelente idea realizada; pero sin que el Estado pagara un centavo por ese costoso servicio, nombró directores del Instituto a personajes fieles y obedientes, amenazó a los que protestaban y hundió en la bancarrota a la mejor y más solvente organización del Estado, sin molestarse siquiera por la situación de miles de personas vulnerables, como son los jubilados y los pacientes con enfermedades catastróficas.
El expresidente Correa junto a sus directores Ramiro González, Corcho Cordero, Richard Espinoza y otros, luego de un proceso justo que respete los derechos de todos los implicados en el atraco de los fondos del IESS, y provocado su virtual quiebra, deben pagar sus culpas con penas de cárcel. Los perjudicados con el cometimiento de esos ilícitos son más de tres millones de trabajadores activos, más 500 mil jubilados, los empleadores que aportan al IESS y el mismo gobierno. ¿Qué hicieron con toda la plata que en verdad robaron a trabajadores y jubilados?
Se habla de un Acuerdo Nacional sobre la Seguridad Social, pero de lo que se sabe es que los perjudicados serían los trabajadores, los jubilados, ¿Acuerdo? Sí, pero sin perjudicar las prestaciones de salud y el pago de pensiones. ¿Por qué los trabajadores activos, jubilados, y el pueblo tienen que pagar los atracos cometidos en la década robada? Ojalá con la nueva Fiscal General, los pillos vayan tras las rejas y recupere el dinero robado.