Desde mayo de 2018, Benavides está al frente de la Defensoría del Pueblo, cargo que asumirá Freddy Carrión.
Durante los últimos 11 meses, el primer pensamiento de Gina Benavides, al despertar, ha sido: “¿Qué está pasando en el país?”. Lo cuenta moviendo las manos a la altura de la cabeza y con una risa que muestra un rostro distinto al que ha mantenido frente a las cámaras, en las cientos de declaraciones públicas que ha convocado como Defensora del Pueblo encargada.
La jurista, experta en Derechos Humanos, dice que va a extrañar el ritmo vertiginoso del cargo que aceptó por pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, después de la destitución de su antecesor, Ramiro Rivadeneira. En su despacho, se apasiona respondiendo que la única posición que ha tenido en este tiempo es la “defensa de los derechos”, independientemente de partidos políticos y amenazas.
A su cargo, la institución se pronunció acerca de casos controversiales como el reconocimiento de la identidad de Satya, la primera niña que lleva los apellidos de sus dos madres; la inconstitucionalidad de solicitar pasaporte exclusivamente a venezolanos para controlar la migración; la violencia de género; la esclavitud moderna que se comprobó en las haciendas de Furukawa Plantaciones; los despidos en el sector público; el hacinamiento en las cárceles…
¿Qué implicaciones tiene el haber abordado temas de los que antes no se hablaba?
El rol de la Defensoría del Pueblo es recordarle siempre a cualquier institución que respete la Constitución, porque en un Estado de derechos y de justicia se debe ubicar a los seres humanos en el centro de todo. Hay casos emblemáticos importantes que han generado debate. Por ejemplo, el caso Satya, que no es que se impulsó en esta administración, antes se presentó, pero no tuvo impacto porque, lastimosamente, y tengo que decirlo, (la Defensoría) tenía un perfil bajo. Nosotros hemos dicho: si hay temas importantes, hay resoluciones como la de la Corte Constitucional, hay que posicionar un tema para que la comunidad conozca. Hubo reacciones a favor y en contra. Eso es parte de una sociedad democrática. También el caso Furukawa es importante. Promovimos un proceso de verificación ‘in situ’, que también fue un cambio en la acción de la Defensoría, que no debe quedarse en el escritorio pensando que todo debe venir a ser denunciado. En el estado de las cárceles, la Defensoría no es que a partir de estos meses ha accedido a la información. Tenemos un mecanismo de prevención de la tortura desde 2012. Cuando llegué, la directora me decía que tenemos más de 40 informes y estamos advirtiendo de prácticas abusivas, no se cumple con las garantías. Todo estaba en la página web, pero no se había promovido. Simplemente, se ha hecho público para que la gente sepa.
A la espera de que se apruebe el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, han pasado tres defensores y cientos de casos sin respuesta. El trámite empezó en 2014, pero estuvo represada hasta 2018 y, finalmente, el 11 de abril se aprobó en la Asamblea Nacional. Un día antes del debate en el Pleno, en esta entrevista, Benavides ponía su confianza en que la Ley ayude a cambiar la normativa interna de la institución.
¿Qué falta para que los pronunciamientos de la Defensoría no queden en palabras?
La Defensoría necesita un reajuste institucional, que se cambien las lógicas con las que se venía funcionando, que son burocráticas y lentas. Tiene que fortalecerse el trabajo en provincias. Tengo el 60% de mi personal en Quito y tengo cobertura en las 24 provincias. El nuevo Defensor (Freddy Carrión) tiene un reto enorme, porque debe hacer la reingeniería institucional que va a permitir agilidad. Hay que fortalecer la activación de garantías jurisdiccionales. Cuando entré tenía esta estadística: 60% de consumidores y usuarios, 30% de vigilancia del debido proceso y, a penas, 10% de activación de garantías jurisdiccionales.
¿Cómo queda el panorama ahora?
Hemos subido un poquito. Es que si no hay el cambio institucional y legal, es difícil. Hemos duplicado el número de acciones jurisdiccionales. En 2017, teníamos 103, ahora estamos en 227. Ha crecido en el número de acciones de protección, pero faltan procesos de habeas corpus. Yo decía: ¿Cómo es posible que no activemos muchos? Teníamos dos y hemos impulsado algunos, pero todavía la visión de los funcionarios es decir “es que tengo muchos casos”. La vigilancia del debido proceso también es fuerte, 30%. Se deben hacer vigilancias especializadas en femicidios, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Benavides explica cada tema relacionado a los Derechos Humanos sin abandonar su experiencia como profesora. Para ella, una democracia necesita tener pesos y contrapesos, y la “Defensoría es el contrapeso en materia en Derechos Humanos”. “Hay que cambiar esa cultura de actuar en función de quién me llama o de la influencia de una persona”, asegura.
¿Por qué no participó en el concurso?
Yo acepté por encargo. No me parece correcto que estando en el puesto alguien se postule. Creo que eso condiciona y genera dudas. En estos 11 meses, con un equipo que considero reducido, hemos potenciado a la Defensoría y dejamos abierta la puerta para que la nueva autoridad no tenga cuestionamientos. Cuando entré, tenía cuestionamientos del anterior Defensor. La nueva autoridad debe ser una persona que entre sin problemas.
Benavides asegura que cuando se complete la transición y el defensor Carrión asuma su cargo de manera oficial, se reincorporará por completo a la docencia, en la Universidad Andina Simón Bolívar. En estos meses ha dado una clase por trimestre, y siente que esta experiencia le ha dado más elementos prácticos para combinarlos con la teoría.
Casos como el de Furukawa, por ejemplo, le han hecho convencerse de que el campo de los Derechos Humanos es amplísimo y que se puede aportar desde cualquier ámbito. Ella está convencida de que seguirá trabajando en defensa de los grupos que son vulnerados. Como su único hijo vive en el extranjero, en su vida personal recuperará la relación con su perrita, de quien se alejó un poco durante este tiempo. (PCV)
«El nuevo defensor tiene un reto enorme porque tiene que hacer la reingeniería institucional que va a permitir agilidad”.
«Lastimosamente y tengo que decirlo, (la Defensoría) tenía un perfil bajo”.
«Necesitamos una Defensoría del Pueblo ágil, efectiva que tenga voz que sea independiente y autónoma”.