A la Fiscalía ingresó un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) enviado por Contraloría en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Fernando Balda puso una denuncia en contra de él y del expresidente Rafael Correa por peculado, al presuntamente haber utilizado fondos del Estado para secuestrarle.
Para que la Fiscalía pueda formular cargos por peculado se requiere, por Ley, un IRP de Contraloría. Por eso, después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a un año y nueve meses a los exagentes de la Senain, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, como autores de secuestro, la defensa de Balda dijo que iba a pedir a Contraloría que realizara un examen.
El organismo de control realizó un análisis a los ‘Fondos públicos permanentes de gastos especiales’ de la Senain, entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de agosto de 2012. El secuestro se dio el 13 de agosto de 2012.
El fiscal del caso, Darwin Jaramillo, recibió el documento el 26 de marzo, el cual fue incorporado al expediente. Sin embargo, allí únicamente se refiere a indicios en contra de Romero, pero no de Correa.
Elementos
Durante las audiencias preparatorias de juicio y juzgamiento, la Fiscalía presentó como evidencias, entre otras, dos cheques que recibió Chicaiza, por montos de 10.000 y 11.280 dólares. Además, el testimonio del exagente, quien dijo que habría entregado 28.000 dólares en efectivo a los secuestradores y que en toda la operación se habrían desembolsado 60.000 dólares.
Este Diario buscó un pronunciamiento del abogado de Romero, Stalin Oviedo, pero no contestó ni llamadas, ni mensajes. Su defendido está en España en un proceso judicial de extradición. (AGO)