Ugo Stornaiolo
El apagón eléctrico de hasta seis días, con cortes intermitentes, tiene a Venezuela a oscuras, política y físicamente. La lista de muertos y afectados sigue creciendo. Los hospitales sin plantas eléctricas autónomas han dejado de atender emergencias. Las personas se estaban muriendo en las puertas de los centros de salud. Las calles se calientan.
Maduro acusa –como no podía ser de otra manera- a los hackers del imperialismo estadounidense, por el colapso de la central hidroeléctrica de Guri. El autoproclamado Juan Guaidó acusa al régimen de no haber previsto los daños.
En medio de las tinieblas, más dudas. ¿Cuándo comenzó el apagón? El tema no tiene que ver con el mantenimiento de los sistemas de interconexión, sino con el estado calamitoso de un país que, después de tocar fondo, parece estar bajo tierra. Un estado apocalíptico, post socialismo siglo XXI.
El apagón político comenzó cuando Maduro desconoció a los integrantes de la Asamblea, de mayoría opositora, tras las elecciones de diciembre de 2016, para instalar una constituyente ad hoc y desconocer a los legisladores electos.
Resulta no muy creíble que haya personas especializadas en sabotaje informático de sistemas eléctricos. Maduro tampoco tiene pruebas de sus asertos. A eso se suma la falta de diligencia de las autoridades para realizar la reconexión y las habituales insuficiencias en la distribución de agua, alimentos y medicinas.
Guaidó sigue criticando la falta de acciones del régimen y ha censurado que no se haya permitido el suministro de ayuda humanitaria, bloqueando las vías de acceso en las fronteras. El contrabando de esas ayudas es otro negocio para los “bachaqueadores” (contrabandistas), sin olvidar los saqueos.
No hay ánimo ni voluntad de diálogo entre las partes. El régimen de Maduro se atrinchera y solo confía en el apoyo de los militares que son, por ahora, su único sustento, además del tibio respaldo de Turquía, China y Rusia, sin saber hasta cuándo. Según estimaciones de la oposición el saldo negativo del apagón ha superado los 850 millones de dólares, sin tomar en cuenta la industria petrolera.