Así lo determinó el Consejo de Participación en un informe, en el cual aparece involucrado Carlos Bernal.
El Consejo de Participación Ciudadana de transición aprobó por unanimidad el informe de investigación sobre la reconstrucción de Manabí, afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. En el documento se establece que en este proceso se habrían cometido los presuntos delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
El principal involucrado es Carlos Bernal Alvarado, exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción, quien aprovechándose de sus facultades en ese cargo benefició a su familia para la realización de obras.
Partes de las obras realizadas con recursos del Estado ascienden a 398’700.000 dólares, que sobrepasan los costos reales en relación con otras construcciones de la misma naturaleza, puntualiza el informe.
Estas obras las ejecutó la empresa Construhidrocab, en la que Bernal y su madre, Carolina Alvarado, constan como fundadores; mientras que su cuñado Xavier Vélez Ruperti es el representante legal, y Denisse Vélez Ruperti (esposa de Bernal), accionista.
La misma empresa, entre el 2015 y 2018, realizó compras por cerca de 595.000 dólares a Cantera San Isidro, cuyos propietarios son los hermanos Vélez Ruperti. En este sentido, se realizaron diversas negociaciones con entidades públicas entre el 2016 y el 2018. Entre estas entidades figuran los Municipios de Sucre, por 20.468 dólares; Flavio Alfaro, por 50.800; San Vicente por 10.100 y con la prefectura de Manabí por 1,1 millones de dólares.
Involucrados
Por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado se pide investigar al contratista Ramiro Galarza Andrade, quien se habría beneficiado con la asignación de obras por un monto de 284´000.000 de dólares, ya sea a título personal o como representante legal de más de 40 compañías. Galarza, según la investigación del Consejo, mantuvo entre el 2016 y el 2018 relaciones comerciales con Construhidrocab.
41
Empresas se verían involucradas en la investigación.“Las obras construidas por este contratista presentan anomalías técnicas tanto en la infraestructura como en el incremento de costos a través de contratos complementarios”, consta en el informe.
También se menciona como presunta responsable de tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria a la exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí, María Dueñas de la Torre, quien tendría un incremento patrimonial a través de las compañías Wadusa, propiedad de su hermano Antonio Dueñas, y la compañía Anduconstruc, propiedad de su cuñada María Dellanira Zambrano.
Estas empresas habrían participado en contrataciones públicas con varias instituciones estatales como el Ministerio de Desarrollo Urbano, la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye y la prefectura de Manabí por cerca de 9 millones de dólares.
Diario La Hora intentó comunicarse telefónicamente con Carlos Bernal, pero no hubo respuesta. (HCR)
Postura
° El Consejo de Participación Ciudadana presentará en el informe a la Fiscalía General y a la Contraloría General para que realice las investigaciones. Julio César Trujillo, presidente del Consejo, expresó su preocupación como ecuatoriano de que Manabí siga con las mismas necesidades de antes, a pesar del dinero invertido en la provincia para su reconstrucción. “Señores fiscales, tengan lástima del Ecuador; señores jueces, duélanse del país. Vamos a tomar mucho interés que esto se investigue y termine donde debe terminar: con los delincuentes en las cárceles y no paseándose en las calles de Manabí”, dijo Trujillo.